Wednesday, June 01, 2005

Urge una Reforma Adecuada en Materia de Agua Potable

Por Katya Izquierdo Herrera.

Todos los años, alrededor del mundo mueren más de 3 millones de personas por enfermedades causadas por la falta de agua potable. En México, estados como Hidalgo, el Edomex, San Luis Potosí y Tlaxcala han presentado en los últimos años graves problemas de salud relacionados con la contaminación del agua por desechos tóxicos como el arsénico, el plomo, los hidrocarburos aromáticos, etc. Dichos tóxicos desencadenan alteraciones del ADN que pueden derivar en pigmentación de la piel, enfermedades como la leucemia, el púrpura, cáncer de piel, pulmón, riñón, vejiga o mama, malformaciones congénitas e incluso la muerte.

Por ello, la gente no bebe agua, ni siquiera después de hervirla. Prefiere gastar hasta mil pesos al mes en pipas y otros 400 pesos en aguas de garrafón. Las autoridades conocen la situación. El Primer Diagnóstico Nacional de Salud Ambiental y Ocupacional de la Secretaría de Salud asegura que uno de los problemas más graves en materia de calidad del agua en México es el de la contaminación con arsénico principalmente en el centro y norte del país. En lugares como el río Zahuapan-Atoyac, los mantos acuíferos de Matehuala y La Laguna, las concentraciones de arsénico son 50 veces superiores a los parámetros mundialmente aceptados. Las plantas potabilizadoras en México aún no tienen la tecnología para eliminar las sustancias tóxicas del agua.

La CNA rechazó que las familias mexicanas bebieran agua contaminada. Refutó cifras de la Organización Panamericana de la Salud que indican que aproximadamente 1 millón de mexicanos están expuestos potencialmente a contaminantes como el arsénico. A esto se le agrega que dos plantas potabilizadoras para la eliminación del arsénico, instaladas en 1997 por la CNA y la SSA, están paradas por los altos costos de operación.

Debido al insuficiente presupuesto y a la falta de una política de gobierno, el mayor apoyo para un eficaz proyecto de reforma vendrá principalmente de la ciudadanía, sobre todo de los estratos más aquejados de la sociedad que demandan agua potable (mayor cantidad y calidad) para una vida sana y digna. Ejemplo de esto son los campesinos y agricultores. Asimismo, las ONG’s ambientalistas apoyarían el proyecto como manifestación lógica de su postura. Se puede incluir también a la Comisión de “Medio Ambiente”, al PVEM, a técnicos, medios de comunicación, organizaciones ambientalistas, al PRI, a la SEMARNAT, a gobiernos locales, y a empresarios, que pese a que no se encuentran organizados formalmente en torno a una reforma constituida, sí podrían ser una fuente de apoyo al orientar sus acciones de manera más efectiva.

En la actualidad, la agenda política de México prioriza temas relacionados con las reformas estructurales, como por ejemplo: la fiscal, la del Estado, la energética o la laboral, más no las ambientales. Cabe destacar que en el informe de 2003 presentado por Washington, el 2005 fue considerado como “el año de lo ambiental”, lo que denota una nueva preocupación por el tema del agua, lo que puede generar una propuesta clara y concisa de política pública.

México adquirió compromisos en materia de agua el 12 de diciembre del 2003 en el contexto del diálogo que se llevó a cabo con otros países por la celebración del Año Internacional del Agua Dulce 2003. Debe decirse que México será sede, en el 2006, del IV Foro Mundial del Agua, lo que ofrecerá nuevos espacios de discusión para “emprender acciones locales para un reto global”.
[1] Las circunstancias se presentan como propicias para que los medios, opinión pública, sociedad civil, Gobierno e instituciones gubernamentales, volteen su mirada hacia una reforma en torno a la problemática de la potabilización del agua para beneficio no solo del país sino del entorno internacional en general.

La fila de oposición al proyecto de reforma la encabezan los trabajadores del Estado, quienes tienen sus propias prioridades. En segundo lugar se encuentra la CNA, pues no cuenta con el suficiente presupuesto para reformas que se consideran no prioritarias, y debido a que es el único organismo administrativo/normativo en materia de agua que pretende mantener su actual status en la materia. Se pueden citar también al PRI, PAN y PRD, quienes ya han definido su agenda alrededor de temas que resultan de mayor urgencia a tratar, como lo es la sucesión presidencial de 2006. A la par, el resto del espectro político también busca ganar “huesos” en la contienda. Esto, sin contar las próximas elecciones estatales, municipales y locales que se llevarán a cabo en este y el siguiente año.

Aunque algunas facciones del PRI, empresarios y gobiernos locales se muestran reacios, ya se cuenta con un análisis de prensa presentado por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF (PAOT), en donde se muestra el interés por parte de los partidos políticos en emprender y apoyar una reforma para el tratamiento del agua.

Actualmente podemos constatar los esfuerzos que ya ha emprendido el Gobierno del Distrito Federal en materia de potabilización del agua, con la pasada inauguración de una planta potabilizadora en la Delegación Iztapalapa. El GDF ha impulsado la participación del Comité Mexicano para el Uso Sustentable del Agua, integrado por diversas dependencias de gobierno y representantes de la sociedad organizada, para impulsar acciones coordinadas que promuevan la toma de conciencia sobre el uso y manejo sustentable del agua.
[2]

Igualmente, la CNA ya ha empezado a impulsar proyectos como “PROMAGUA” para el mejoramiento de la cantidad y calidad del agua a través de organismos operadores. “PROMAGUA” está encaminado a poblaciones mayores de 50,000 hab. El proyecto motiva la participación privada para el mejoramiento del servicio, pues la CNA no cuenta con los recursos para hacerlo por sí sola. Aunque aún no se construye, el proyecto ya se aprobó y se está trabajando en la primera planta municipal en Cabo San Lucas con una capacidad de 200 litros por segundo, a un precio de $8.50 el m3 (alto pero sostenible).

En conclusión, y referente al diagnóstico del grado de dificultad del proceso político, existe un nivel moderado de dificultad en lograr introducir la reforma en la agenda política al igual que en la aprobación y posterior instrumentación de la misma. Finalmente, en lo que respecta a la viabilidad del proyecto de reforma, se observa que existen muchas posibilidades de que se dé un exitoso resultado del proceso de aprobación del proyecto. A la par, existen grandes posibilidades de lograr un éxito en el resultado del proceso de implementación del mismo.

La autora es Licenciada en Ciencia Política por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y Maestra en Estudios Internacionales por la EGAP en coordinación con la Universidad de Georgetown. Comentarios: moonaime@hotmail.com

[1] http://www.worldwaterforum4.org.mx/home/home.htm

[2] http://www.aguas.org.mx/

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