Nuestras dos torres

Por Nizaleb Corzo Zepeda.


En junio del año pasado visité Nueva York. Regresaba de un curso en la escuela de gobierno de Harvard. Después de cuatro horas de viaje desde Boston, lo primero que hicimos mi esposa y yo fue recorrer la zona cero, donde hasta el 11 de septiembre de 2001 se levantaban majestuosamente las torres gemelas, figuras de la fortaleza financiera estadounidense.

Casualmente, el día de mi visita colocaban la primera piedra de lo que será un parque en memoria de los casi 2 mil 800 fallecidos por los sendos impactos contra los edificios. Esa primera piedra contiene los nombres de las víctimas, en su mayoría latinos. Confieso que sentí rabia por ello. Debido a la temprana hora de los ataques, murieron muchos afanadores, mecánicos y cocineros inmigrantes que han buscado en el norte de nuestro continente mejores oportunidades de vida.

Después de tomar algunas fotografías alrededor del área y de presenciar el evento, subimos al metro. A tres años del suceso que cambió la visión de seguridad que representaban los Estados Unidos para el mundo occidental, la ciudad aún respira terror. En todo nuestro recorrido hasta Central Park, nunca se dejó de escuchar una cinta que recordaba a los usuarios del tren subterráneo la necesidad de reportar inmediatamente cualquier acto sospechoso. También se indicaba que en caso de hallar algún objeto olvidado, antes de denunciarlo, debía uno bajar del vagón en la siguiente estación. Tan sólo oír eso provocaba querer salir lo más pronto posible hacia algún sitio más seguro, la “gran manzana” pareciera no serlo.

La destrucción de las torres gemelas perturbó la confianza de los habitantes de una ciudad que es considerada como el centro de muchas actividades del primer mundo. Nueva York es vulnerable. En la mente de los citadinos queda claro que viven en un polvorín. Tomaron fuerza nuevamente aquellas palabras de Orson Wells en la película de Las Profecías de Nostradamus, cuando señala que “la nueva ciudad” sería el principal blanco de los ataques de una guerra iniciada desde el Medio Oriente que terminaría con la humanidad.

Casi cuatro años después de esa catástrofe, Estados Unidos ha sido atacado por la naturaleza. El huracán Katrina destruyó una región norteamericana rica en historia y comercio. También es cierto que es uno de los estados más pobres de la Unión Americana. Las escenas de la devastación han sido comparadas con las de otros países de Asia y África. El poderoso aparato nacional ha sido, hasta el momento, incapaz de responder con eficacia. Reina en esa zona la anarquía, el racismo, la insalubridad y muchos otros factores que parecían erradicados en un sistema estatal moderno

Paradójicamente, sin la sombra del terrorismo, pero sí con las mismas amenazas naturales, México corre el riesgo de perder sus dos torres: petróleo y democracia, pilares del Estado mexicano.

El primero ha sido desaprovechado durante los últimos veinte años; ha servido más para mantener un aparato gubernamental costoso e ineficiente, despreocupado por el fortalecimiento de uno de sus principales generadores de recursos. La radicalizada discusión por los cambios estructurales necesarios para la transformación de ese sector ha diezmado la productividad de la paraestatal. Una nueva crisis energética se avecina –la peor de todas de acuerdo con los analistas-. México debe estar preparado para ello. Sin el acuerdo de las fuerzas políticas seguramente llegaremos sin los instrumentos adecuados para enfrentarla.

Por otro lado, la incipiente democracia mexicana se someterá a una dura prueba el próximo año. El triunfo del PAN en el 2000 dio aliento a la ciudadanía para expresar su voz a través de medios pacíficos. El Instituto Federal Electoral ha mostrado ser una de las instituciones de mayor confianza para la población. No obstante, hacer eficientes los procesos electorales no es la panacea de la democracia, su consolidación incluye otros asuntos. Entre los más importantes se encuentran los partidos políticos, que, a decir de las sociedades latinoamericanas, son las organizaciones menos confiables según las últimas encuestas. De acuerdo con el doctor Manuel Alcántara Sáez de la Universidad de Salamanca, la madurez de la política electoral ha traído consigo el surgimiento de situaciones en las que los partidos se encuentran en contextos de naturaleza compleja. Es importante considerar temas como el financiamiento de la política, la democracia interna de los partidos, la profesionalización de los políticos, así como la relación entre el partido, el grupo parlamentario y, en su caso, el partido en el gobierno. Elementos que aunque parecen aislados, tienen una gran interdependencia y afectan el proceso de consolidación democrático.

La sociedad mexicana también ha enfrentado retos como los que conmovieron actualmente a los vecinos del norte. Las acciones en torno al terremoto de la ciudad de México en 1985 mostraron el alto grado de cohesión de la sociedad civil ante un gobierno poco diestro en el manejo de desastres. El gran aparato respondió también lentamente a las urgentes demandas sociales posteriores. Por otro lado, otros factores deterioran la confianza en las instituciones. El narcotráfico, por ejemplo, actualmente domina parte de nuestro territorio.

El terror que impera en la vida de nuestra ciudadanía debe ser controlado. Nuestras estructuras se muestran endebles, es urgente poner en marcha un proceso de fortalecimiento organizado para que nuestro país pueda resistir posibles embates económicos y naturales.



El autor es financiero; actualmente trabaja en aspectos sociales de Petróleos Mexicanos y estudia la maestría en Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey , Campus Ciudad de México. Comentarios: ncorzozepeda@yahoo.com.mx

Pobres a la medida

Por Nizaleb Corzo.

El especialista en pobreza Bernardo Kliksberg, en su libro “El nuevo debate sobre el desarrollo y el rol del Estado“ (INAP 2001), señala que los gobiernos latinoamericanos en su intento de identificarse como un ente eficaz, han tratado en su discurso de negar o minimizar la pobreza. El autor deja claro que desde la década de los 80, se observa un incremento en la población ubicada por debajo del umbral de pobreza en los países latinoamericanos.

Menciona que ese disfraz estatal es operado a través de dos canales específicos. Uno ocurre cuando se trata de relativizar la situación: “Pobres hay en todos lados”, frase que ha sido utilizada como respuesta a las preguntas sobre el ascenso de las cifras de pobreza en países determinados. Por su parte, en materia económico-social, siempre se tiende a desagregar los datos, y mostrar una perspectiva comparada e histórica para determinar la situación real. La pobreza en América Latina es extensa, diversificada, y tiene actualmente incluso una fuerte expresión en las clases medias, en donde el deterioro de sus bases económicas ha generado un estrato social en crecimiento denominado “los nuevos pobres”.

Tanto los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como los del Banco Mundial nos dan una visión muy específica de las condiciones sociales del continente. Prevalece la desigualdad. Más de la mitad de la población se encuentra en condiciones de pobreza. En términos concretos, más de 200 millones de latinoamericanos ganan menos de dos dólares diarios para su subsistencia.

Las nuevas teorías del desarrollo nos enfrentan a una realidad poco desdeñable, la pobreza tiene muchas caras. En México, de acuerdo con la categorización de la Secretaría de Desarrollo Social, son pobres aquellos que no cuentan ni siquiera con los recursos suficientes para comer, conocida como pobreza alimentaria, cuyos ingresos mensuales por persona son menores a 548 pesos en áreas rurales y 740 en áreas urbanas. En segundo lugar, se encuentra la pobreza de capacidades, que incluye a todas las personas que viven en pobreza alimentaria, más aquellos que sufren de acceso limitado a servicios de salud y educación, con ingresos menores a 652 y 910 pesos al mes en áreas rurales y urbanas, respectivamente. Finalmente, SEDESOL ha identificado también a la pobreza patrimonial, que se caracteriza por su insolvencia para cubrir las necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público. Los ingresos mensuales de estas personas no superan los 1,000 pesos en zonas rurales y los 1,487 en zonas urbanas.

Esta nueva categorización de los pobres ha hecho más evidente el rezago por el que atraviesa nuestro país.

Apenas la semana pasada, el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México anunció que tres y medio millones de mexicanos habían dejado de ser pobres, más bien, habían dejado de pasar hambre... afortunadamente ya ganan 60 pesos más al mes –dos pesos diarios- para comer. Esto quiere decir que algunos campesinos, maestros rurales, pastores, entre otros, probablemente dejaron de percibir en promedio 547 pesos al mes para ganar 607 pesos (¡vaya!) y algunos citadinos perciben ahora ingresos promedios de alrededor de 799 pesos. Pero, todavía lo más grave del asunto es que ello, en su mayoría, se debe a las remesas, según lo indica el propio comité.

Debo señalar que el Comité es una entidad sumamente reconocida, compuesta por personajes de probada solvencia moral y académica, entre ellos se encuentra el profesor Luis Felipe López Calva del Tecnológico de Monterrey; Fernando Cortés, del Colegio de México; Rodolfo de la Torre y Graciela Teurel, de la Universidad Iberoamericana; Luis Ruvalcaba y John Scott, del CIDE, así como Enrique Hernández Laos de la UAM, entre otros. Por ello, es dudable que éstas cifras hayan sido maquilladas en favor de la gestión gubernamental actual, como lo asumió el diputado perredista Julio Boltivnik, cuyos propios métodos de medición de la pobreza presentan cifras aún mayores que las presentadas.

No obstante, aunque en cifras concretas los resultados parecerían alentadores para el gobierno federal, es cierto que en el ambiente de la sociedad no se nota, la tensión parece ir en aumento. Han crecido los índices de asalto con violencia, el robo a transeúntes, el ambulantaje, entre otros factores que se identifican con el aumento de las condiciones de pobreza. En cifras del mismo comité, más de 18 millones de mexicanos se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria, casi 8 millones más en pobreza de capacidades y suman alrededor de 50 millones los pobres de patrimonio. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A decir de las cantidades, casi la mitad del país es pobre.

Lo que es cierto es que para algunos gobiernos la política social no es importante, es considerada una carga para el Estado, de la que no es fácil desprenderse. Este enfoque ha orillado a la instrumentación de políticas sociales de bajo perfil, con consecuencias fatales para la población. Incluso, se ha procurado en algunos gobiernos eliminar de las agendas la palabra pobreza, viéndola ya en sí como un “término” cargado de connotaciones.

A diferencia de otros programas de desarrollo social en la región, parece que en México éstos se han reformado paulatinamente y han alcanzado niveles más eficientes en las alternativas que se ofrecen a las comunidades más necesitadas. Hábitat y Oportunidades han alcanzado reconocimiento internacional por su orientación en materia de desarrollo humano, a través de la creación de capital social.

El problema más grave de la pobreza, retomando palabras del maestro Kliksberg, es que ya no puede esperar... no tiene paciencia. Se trata de vidas humanas que por fortuna, tras la expectativa de nuevos gobiernos con nuevos métodos, han postergado buscar los propios como ha ocurrido en otros tiempos.



El autor es financiero; actualmente trabaja en aspectos sociales de Petróleos Mexicanos y estudia la maestría en Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey , Campus Ciudad de México. Comentarios: ncorzozepeda@yahoo.com.mx

Escandaloso éxodo

Por Nizaleb Corzo Z.

Si uno llegara a ignorar la luz roja del semáforo en la colonial ciudad de Lagos de Moreno, en Jalisco, lo más probable es que en cuestión de segundos sea detenido por uno de los pocos agentes del departamento de tránsito municipal. Lo peculiar de esta detención no es la efectividad con la que será detenido –es difícil escapar de un pueblo tan chiquito como Lagos-, sino que se sentirá parte del escenario de una película de Clint Eastwood o de Chuck Norris. La policía laguense utiliza patrullas que sirvieron a las fuerzas policiales texanas, las cuales fueron donadas por los paisanos que hace años dejaron su casa para cruzar el Río Bravo en busca de mejores oportunidades en el vecino país del norte. Lo mismo ocurre con la estación de bomberos y algunas clínicas que dan servicio público.

El pasado mes de abril se dio a conocer un dato estridente. Por concepto de remesas se recibieron en México, en 2004, alrededor de 17 mil millones de dólares, cerca de la mitad de las que llegan a Latinoamérica y el Caribe, ubicándonos en el segundo país receptor a nivel mundial, después de la India. Así, la cantidad de dólares que los mexicanos enviaron para el sostenimiento de sus familias, creció 190 por ciento los últimos cinco años, convirtiéndose en el soporte económico de un millón 600 mil hogares, distribuidos a todo lo largo de la República.

Para dimensionar las cifras, este ingreso equivale a 195 mil 500 millones de pesos; la inversión en exploración en Petróleos Mexicanos, detonante de la actividad petrolera, fue el año pasado de tan sólo 110 mil millones de pesos.

Los recursos enviados por los trabajadores fuera de la frontera se convirtieron en la mayor fuente de dinero para el desarrollo, superando ampliamente los préstamos bancarios desde los países industrializados, la inversión directa o de portafolio y la colocación de bonos en los mercados accionarios.

Hace unos días, en su participación en la Cumbre Hemisferia 2005, el embajador Tony Garza aprovechó los recientes informes del Instituto Mexicano de Competitividad y del Fondo Monetario Internacional, que ubican a México como la décima economía más grande del mundo –después de haber estado ubicada en el lugar número 9 el año pasado- y que de 60 naciones nuestro país ocupa el lugar 56, para señalar que "el mensaje básico de estos informes es claro: o hay reformas o se queda atrás". Mencionó también que "es obvio que se requiere de arduo trabajo, pero imagínense lo que sería la economía de México si hubiera una mejor cooperación a lo largo del espectro político con el fin de asegurar el futuro del país”.

Bajo los planteamientos de la doctrina Estrada de la libre determinación de los pueblos para “aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”, política tan desdeñada por los encargados de la política exterior de nuestro país en la actual administración, el argumento del embajador es inaceptable. No obstante, si hacemos a un lado los convencionalismos, podríamos aceptar que su observación pegó en el ánimo de la política nacional. Sobre todo si volteamos a ejemplos como los de Lagos de Moreno y muchas otras comunidades que sin las remesas y el apoyo que envían sus familiares en el “otro lado” no saldrían adelante. ¿Qué programa gubernamental sería necesario implantar para atender a todos esos trabajadores y sus familias, si no se hubieran ido?

La búsqueda de un acuerdo migratorio como lo ha planteado el gobierno federal es sólo la mitad de la película. Con ello se aliviaría la presión bajo la cual se encuentran nuestros paisanos migrantes, mejorarían sus condiciones de trabajo en Estados Unidos y tendrían accesos a los servicios de salud y educación que el estado americano ofrece. Pero no sólo eso es importante, la otra parte es responsabilidad directa del gobierno mexicano. El problema original se generó en México y la solución no se concreta con un acuerdo migratorio. La migración en México obedece a la falta de oportunidades de los más necesitados. Porque no es un problema de voluntades. Los que se van sí quieren y pueden trabajar.

¿Será en realidad que nuestros vecinos están reacios a pactar un acuerdo migratorio, sólo porque los granjeros de la frontera sur estadounidense se sienten amenazados?¿Qué haría el gobierno mexicano si de pronto hordadas de centroamericanos cruzaran nuestra frontera para ocupar puestos de trabajo en México? ¿Acaso el fenómeno de la Mara Salvatrucha no se ha vuelto también un tema de seguridad nacional para el gobierno federal?

Lo que mencionó el embajador Garza es un asunto digno de estudio. El país debe reestructurar sus fuentes de ingreso. El riesgo que se corre actualmente aún no es evidente. De mantenerse el ritmo de explotación y exportación de crudo, los cálculos nacionales aseguran reservas para los próximos 11 ó 12 años. Está comprobado que segundas y terceras generaciones de migrantes dejan de enviar dinero a sus familias. Es necesario entonces canalizar los principales ingresos del país para financiar proyectos alternativos que generen un nuevo orden económico nacional en el mediano plazo. Para ello, el gobierno, el aparato legislativo y la sociedad en general debemos buscar un nuevo acuerdo nacional que apueste al desarrollo, como ocurrió en España hace más de 20 años. La apuesta no es sencilla, se requiere de voluntad política y social, pero las señales de resultados factibles podría ser la base para la concertación de ese acuerdo.

Si seguimos esperando que los grandes convenios internacionales cambien de manera mágica las condiciones económicas de nuestro país, en un futuro seguramente nos percatemos que la patrulla de tránsito que nos detiene no es mexicana y quizá nosotros tampoco.



El autor es financiero; actualmente trabaja en aspectos sociales de Petróleos Mexicanos y estudia la maestría en Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey , Campus Ciudad de México. Comentarios: ncorzozepeda@yahoo.com.mx

Latinoamérica, la democracia en tránsito

Por Nizaleb Corzo Zepeda.

La economía de mercado que tuvo sus inicios a finales de la década de los 80. Aunque ha demostrado eficacia para producir riquezas, no ha asegurado la eliminación de la pobreza ni del desempleo. El neoliberalismo sigue un ciclo de ascenso, consolidación y declive político. Las mismas condiciones que marcan el supuesto éxito de un régimen económico neoliberal -privatización de los bienes públicos, crecimiento de las exportaciones e importaciones, incremento de la inversión externa, concentración del ingreso- extienden y profundizan la oposición social. En América Latina, estas prácticas han provocado efectos negativos en la distribución del ingreso de tal forma que se ha acentuado la brecha entre las clases bajas y altas de la población, reduciendo a niveles mínimos la clase media, la cual se ha repartido entre ambos sectores.

Por ello es que en algunos países de América Latina se han abandonado las políticas neoliberales para adoptar otras que suelen identificarse como de izquierda o populistas. El triunfo de Tabaré Vázquez como presidente de Uruguay, en marzo de este año, sumó un nuevo eslabón a la cadena de líderes latinoamericanos que llegaron al poder a través de procesos democráticos transparentes. A partir de 1999, con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, le siguieron Ricardo Lagos en Chile, Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, Lucio Gutiérrez en Ecuador, Néstor Kirchner en Argentina y Martín Torrijos en Panamá.

No obstante, a pesar de los ataques que los movimientos populares mantienen frente al modelo económico liberal, una vez que asumen el poder han tomado medidas iniciales cautelosas, a través de políticas fiscales austeras.

En Brasil por ejemplo, Lula Da Silva al asumir el cargo en enero de 2003 juró no fracasar en la conducción de Brasil, la octava economía del mundo, pero con enormes desigualdades sociales. Heredó una deuda pública de casi 250,000 millones de dólares, una moneda devaluada en 40 por ciento y una tasa de crecimiento de 1.4 por ciento, insuficiente como para dar empleo a 12 millones de desocupados y mitigar la pobreza de 54 millones de brasileños, un tercio de la población. “No hay soluciones milagrosas para tamaña deuda social”, advirtió. El presidente Lula mantiene actualmente una disciplina fiscal absoluta y emprendió reformas que según sus detractores son similares a las que rechazaba por neoliberales cuando era opositor. El cuidado de las finanzas públicas le ha permitido reducir la vulnerabilidad del país. Se le reconoce la disminución de la inflación a 8.65 por ciento, contra 12.65 de su predecesor Fernando Henrique Cardoso. Sin embargo, el gobierno de Lula tiene un riesgo alarmante en sus elevadas tasas de interés, principal herramienta contra la inflación. Esas tasas inhiben la inversión y el consumo y son poco sustentables para quien piensa en proyectos de largo plazo, como ocurrió en México a finales de los 80.

En Chile, el presidente socialista Ricardo Lagos, entra en el último año de su mandato en un clima de prosperidad. La economía creció 5.7 por ciento en el 2004, la tasa más alta en siete años, y la popularidad del mandatario es del 60 por ciento. Su gobierno mantuvo el modelo de libre mercado impuesto por la dictadura de Pinochet. Como lo ha sostenido el propio Lagos, una de las explicaciones del reconocido éxito chileno es haber asimilado las medidas que dicta el Consenso de Washington, en materia de austeridad fiscal y reducción del Estado, para crear opciones a la población más necesitada como el seguro de desempleo y mayores inversiones en educación y salud. La pobreza ha disminuido en Chile del 40 al 18 por ciento. Asimismo, Lagos ha firmado tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, México, Canadá y Europa del Norte. Actualmente busca acuerdos similares con China, India y Japón.

Argentina, tras sufrir en diciembre del 2001 una de las mayores catástrofes económicas y sociales de su historia, que derribó al presidente Fernando de la Rúa, en 2003 se sumó a la corriente progresista de la mano de Néstor Kirchner con el 22 por ciento de los votos por la deserción de Carlos Menem, quien durante su mandato introdujo reformas liberales, principal causa del colapso argentino. Kirchner multiplicó su popularidad al depurar instituciones como las fuerzas armadas, la policía y la desprestigiada Suprema Corte de Justicia. En el terreno internacional ha sumado fuerzas con Lula y Chávez en la búsqueda de nuevas formas de integración regional.

Venezuela es quizá el único país en donde se escucha la palabra “revolución” y se elogia a Fidel Castro en la voz de Hugo Chávez, un teniente coronel que en el pasado fue a la cárcel por golpista. Después de un golpe de Estado en el 2002, Chávez derrotó en las urnas a una oposición fuertemente posicionada en el país. Esa victoria reactivó su propuesta de “revolución bolivariana”, que consiste en una serie de reformas económicas y sociales en favor de los desposeídos considerada por la oposición como el atentado a las libertades económicas. Aún así, Chávez dirige uno de los diez mayores exportadores mundiales del crudo y puede presumir de bonanza económica gracias a los altos precios del hidrocarburo.

Ante este escenario, algunos analistas han afirmado que Latinoamérica está dando un giro a la izquierda, como si se tratara de un movimiento socialista organizado. Los ejemplos aún no lo demuestran del todo. Es probable que las corrientes partidistas de los que han asumido el poder se definan como de izquierda, pero también es claro que no se han alejado de los conceptos liberales en materia económica, relacionados con la derecha. Por ello es que la Secretaria de Estado Norteamericano, Condolezza Rice declaró hace un par de semanas que al gobierno estadounidense no le preocupaba el triunfo de la izquierda en nuestro país –como no le ha preocupado en otros de América-. Saben que sus países vecinos del sur no modificarán sus prácticas económicas de la noche a la mañana, ni romperán los acuerdos con los grandes consorcios financieros internacionales. Estos cambios obedecen más que nada al crecimiento del descontento popular, situación cada vez más grave y evidente.

¿Será entonces que la sociedad civil ha encontrado en la democracia su tribuna? Todo parece indicar que sí. Quizá no se trate de un acto de conciencia individual, en ese caso la transición democrática ya hubiese concluido. Se trata más bien de una muestra más de que la democracia es el instrumento ideal para la rendición de cuentas. En adelante, los gobiernos de izquierda o de derecha deberán estar claros que su eficiencia estará sujeta a la aprobación de la ciudadanía y no tanto de sus esfuerzos por ser más liberales o más populistas.

El autor es financiero; actualmente trabaja en aspectos sociales de Petróleos Mexicanos y estudia la maestría en Políticas Públicas del Tec de Monterrey , Campus Ciudad de México. Comentarios: ncorzozepeda@yahoo.com.mx

Mercado Libre Energético versus Control Estatal

Por Nizaleb Corzo Zepeda.

Cuando Timothy Wirth, presidente de la Fundación de las Naciones Unidas, afirmaba el año pasado que el estancamiento del diálogo político reflejaba la incapacidad de reconocer la importancia que tiene el petróleo y sus derivados para la defensa y la seguridad del territorio nacional, la economía y el medio ambiente, no se refería a las diferencias que se plantean en el debate público cotidiano de los países latinoamericanos, sino las que se presentan al interior del congreso estadounidense. Menciona que ese país necesita una nueva y deliberada política estratégica energética y no la creación de un paquete de concesiones formado a partir de las listas de peticiones de grupos particulares. Muy lejos de una visión tecnócrata, sobre todo si se trata de un ex senador norteamericano del estado de Colorado.

La discusión en materia energética en Estados Unidos se ha tornado compleja. Aunque no se discute la propiedad de los hidrocarburos por parte del Estado, sí se presentan desafíos importantes, como los estímulos fiscales para elevar la producción, el acceso a terrenos públicos y a matices de reglamentación sobre electricidad, así como de las estrategias para la conversión energética y la reversión de los problemas ambientales.

En el resto del continente americano, hacia el sur de Estados Unidos, las visiones del problema no resultan ser distintas. Algunos países como Venezuela, han optado por vías forzadas para reactivar sus economías a través de su potencial energético. El gobierno argentino por su lado, ha comenzado una batalla en contra de las empresas extranjeras que operan en ese país por el incremento en los precios de los combustibles.

El exceso en la demanda de energía a nivel mundial ha obligado a los países productores de crudo de Latinoamérica a tomar medidas inmediatas para no perder la oportunidad de participar en ese mercado, quizá el más importante de los últimos 100 años. Ahí radica el interés de algunos grupos de poder particulares por apoderarse de ese atractivo nicho. Existen actualmente países como Bolivia que enfrentan serias crisis en materia energética. Desde el punto de vista de los nacionalistas, su causa principal fue la de seguir las recomendaciones del Banco Mundial de dejar los recursos energéticos en manos de empresas extranjeras. Para el caso de México, la recomendación de la corporación financiera internacional ha sido en ese mismo sentido: permitir nuevos jugadores en el sector energético nacional.

A los ojos de una entidad como el Banco Mundial, el consenso de Washington y sus postulados son requisitos fundamentales para el otorgamiento de apoyos a los países que lo requieren. Este tipo de instituciones deja de lado su espíritu desarrollador cuando toma el papel de lo que en realidad es: una institución de crédito que obedece a poderosos intereses privados, como el mayor rendimiento de sus grandes capitales. Los que comulgan con la visión de la política de mercado argumentan que ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni ninguna otra entidad de ese nivel tenga intenciones filantrópicas o paternalistas. Sus condiciones son más que claras, se deben realizar los cambios estructurales esbozados en los planteamientos liberales modernos.

Sin embargo, esas presiones han resultado infértiles en algunos países. Las políticas liberales encuentran resistencia. Y es que las decisiones gubernamentales en materia económica de los países en vías de desarrollo no sólo se dirigen a la reactivación de los sectores mercantiles, sino también al financiamiento del gasto corriente y a los programas de desarrollo social y combate a la pobreza. Bolivia, por ejemplo, ante las presiones sociales, ha determinado acciones como la expropiación del gas y el agua potable, así como propone la retención del 50 por ciento de los impuestos a dividendos internacionales. Esta decisión ha dividido la opinión de la sociedad en ese país. Mientras que en el altiplano el pueblo se manifiesta, bajo el mando de los sindicatos bolivianos más fuertes, en Santa Cruz de la Sierra, en la frontera con Brasil -una región que no se identifica con el resto de Bolivia, de corte racista y considerada como la más próspera del país-, la opinión al respecto de la propiedad del Estado de los recursos energéticos es desfavorable.

Cualquiera que sea el modelo que adopte, el gobierno mexicano debe caer en la cuenta de la importancia que significan los recursos energéticos para el desarrollo de la industria nacional. La sociedad civil entiende eso, pues finalmente en ella recae el efecto más inmediato de las medidas privatizadoras al pagar los precios de los productos, generalmente más altos. Cada vez que las medidas gubernamentales afecten los intereses del pueblo y parezcan atender a presiones de los grandes consorcios internacionales, se descalificará al gobierno, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en las regiones de nuestra América Latina. La nueva concepción de la democracia seguirá pareciendo insípida si no es tomada en cuenta la voz de la sociedad en contra de los modelos económicos para los que aún no está preparada, toda vez que no parecen satisfacer las demandas de la mayoría.

El autor es financiero y actualmente trabaja en aspectos sociales de Petróleos Mexicanos y estudia la maestría en Políticas Públicas del Tec de Monterrey en la Ciudad de México. Comentarios: ncorzozepeda@yahoo.com.mx