Reforma del Estado: Una propuesta del CLAD

Por Erika Cervantes.

Los temas de desarrollo integral y reforma estructural del Estado han cobrado importancia especial en las últimas décadas después de que el modelo de Estado propuesto por los países desarrollados en la posguerra y el modelo de Estado neoliberal conservador probaron su incapacidad para garantizar el bienestar integral de la población en general. Aunque este fenómeno ha afectado a cada uno de los países occidentales, se muestra especialmente cierto para los países latinoamericanos, en donde la consolidación de la democracia, la necesidad de retomar el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad social, han sido los problemas constantes a lo largo de los años. La reforma estructural en estos países, se presenta necesaria para acabar con todo estos problemas de fondo que no han dejado que los pueblos latinoamericanos salgan del atraso.

Es de destacar, la opción de reforma del Estado propuesta por el CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo). Ésta se basa en un modelo gerencial que ha permitido modificar el sistema burocrático weberiano, flexibilizando la gestión, disminuyendo los niveles jerárquicos, descentralizando las estructuras y aumentado la autonomía de decisión de los gerentes o burócratas. Esta reforma es una modificación estructural del aparato del Estado que puede llevar al mejoramiento de la gestión del mismo. Dicha reforma se puede definir como la capacidad del Estado para concretar en la realidad, de manera eficaz, eficiente y efectiva, las decisiones tomadas a nivel político[1].
Dentro de las características y objetivos de la reforma se encuentra la profesionalización de la alta burocracia, la transparencia de la administración pública y la responsabilización de los administradores, la descentralización en la ejecución de los servicios públicos, la aplicación del sistema del control a posteriori de los resultados, la implementación de nuevas formas de control (control de resultados, control contable de costos, control por competencia administrada o por cuasi-mercados y control social), el establecimiento de dos formas de unidades administrativas autónomas (la monopólica, que solo realiza actividades del Estado y la dicotómica o del espacio público no estatal), la orientación del suministro de servicios hacia el ciudadano-usuario y la modificación del papel de la burocracia con relación a la democratización del Poder Público.

La reforma gerencial del Estado es una propuesta progresista que va en contra del recorte de personal, de la visión tecnocrática de la gestión y de considerar al mercado como la guía del sector público. Así mismo, propone la adopción del concepto de Estado Red, en donde se dé un equilibrio entre los marcos estatal, de mercado y público-no estatal. Este último marco, consiste en que la sociedad actúe en asociación con el Estado para el suministro de servicios públicos.

Todas estas medidas están encaminadas a aumentar la responsabilidad del Estado en la cuestión de los derechos sociales, así como el papel de financiador en esta misma área. Se busca garantizar la existencia de condiciones macroeconómicas saludables que permitan un bienestar general en la población, y aumentar las formas de participación popular dentro de la gestión del Estado.

Como se puede observar, la cuestión social es un asunto primordial dentro de la reforma del Estado propuesta por el CLAD. Sólo un Estado reformado, flexible, descentralizado y profesionalizado puede poner atención a los asuntos sociales y a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Al menos en este modelo, se ha dejado atrás el supuesto de que el desarrollo económico representa la solución para mejorar las condiciones de vida de la población.

Hoy, el desarrollo se ve como un todo, como un proceso social global compuesto por el crecimiento junto con la evolución (social, cultural y económica) cuantitativa y cualitativa. El proceso tiende hacia el mejoramiento humano, a un mejoramiento integral de las condiciones de vida, y no a un “desarrollo empobrecedor”, que implica desigualdad en la distribución de la riqueza.

En conclusión, la reforma del Estado se presenta como necesaria ante el escenario político, económico y social que está viviendo nuestro país. La participación ciudadana y el enfoque social dentro del aparato del Estado son completamente necesarios para crear un ambiente de gobernabilidad y legitimidad; elementos que desde hace tiempo, parecen haber perdido significado en México.

La autora es Lic. en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y estudiante de la Maestría en Políticas Públicas en EGAP. Comentarios: erikacervantes2003@hotmail.com


[1] Una Nueva Gestión Pública para América Latina, Documento del CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Pg. 12.