Cuando Timothy Wirth, presidente de la Fundación de las Naciones Unidas, afirmaba el año pasado que el estancamiento del diálogo político reflejaba la incapacidad de reconocer la importancia que tiene el petróleo y sus derivados para la defensa y la seguridad del territorio nacional, la economía y el medio ambiente, no se refería a las diferencias que se plantean en el debate público cotidiano de los países latinoamericanos, sino las que se presentan al interior del congreso estadounidense. Menciona que ese país necesita una nueva y deliberada política estratégica energética y no la creación de un paquete de concesiones formado a partir de las listas de peticiones de grupos particulares. Muy lejos de una visión tecnócrata, sobre todo si se trata de un ex senador norteamericano del estado de Colorado.
La discusión en materia energética en Estados Unidos se ha tornado compleja. Aunque no se discute la propiedad de los hidrocarburos por parte del Estado, sí se presentan desafíos importantes, como los estímulos fiscales para elevar la producción, el acceso a terrenos públicos y a matices de reglamentación sobre electricidad, así como de las estrategias para la conversión energética y la reversión de los problemas ambientales.
En el resto del continente americano, hacia el sur de Estados Unidos, las visiones del problema no resultan ser distintas. Algunos países como Venezuela, han optado por vías forzadas para reactivar sus economías a través de su potencial energético. El gobierno argentino por su lado, ha comenzado una batalla en contra de las empresas extranjeras que operan en ese país por el incremento en los precios de los combustibles.
El exceso en la demanda de energía a nivel mundial ha obligado a los países productores de crudo de Latinoamérica a tomar medidas inmediatas para no perder la oportunidad de participar en ese mercado, quizá el más importante de los últimos 100 años. Ahí radica el interés de algunos grupos de poder particulares por apoderarse de ese atractivo nicho. Existen actualmente países como Bolivia que enfrentan serias crisis en materia energética. Desde el punto de vista de los nacionalistas, su causa principal fue la de seguir las recomendaciones del Banco Mundial de dejar los recursos energéticos en manos de empresas extranjeras. Para el caso de México, la recomendación de la corporación financiera internacional ha sido en ese mismo sentido: permitir nuevos jugadores en el sector energético nacional.
A los ojos de una entidad como el Banco Mundial, el consenso de Washington y sus postulados son requisitos fundamentales para el otorgamiento de apoyos a los países que lo requieren. Este tipo de instituciones deja de lado su espíritu desarrollador cuando toma el papel de lo que en realidad es: una institución de crédito que obedece a poderosos intereses privados, como el mayor rendimiento de sus grandes capitales. Los que comulgan con la visión de la política de mercado argumentan que ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni ninguna otra entidad de ese nivel tenga intenciones filantrópicas o paternalistas. Sus condiciones son más que claras, se deben realizar los cambios estructurales esbozados en los planteamientos liberales modernos.
Sin embargo, esas presiones han resultado infértiles en algunos países. Las políticas liberales encuentran resistencia. Y es que las decisiones gubernamentales en materia económica de los países en vías de desarrollo no sólo se dirigen a la reactivación de los sectores mercantiles, sino también al financiamiento del gasto corriente y a los programas de desarrollo social y combate a la pobreza. Bolivia, por ejemplo, ante las presiones sociales, ha determinado acciones como la expropiación del gas y el agua potable, así como propone la retención del 50 por ciento de los impuestos a dividendos internacionales. Esta decisión ha dividido la opinión de la sociedad en ese país. Mientras que en el altiplano el pueblo se manifiesta, bajo el mando de los sindicatos bolivianos más fuertes, en Santa Cruz de la Sierra, en la frontera con Brasil -una región que no se identifica con el resto de Bolivia, de corte racista y considerada como la más próspera del país-, la opinión al respecto de la propiedad del Estado de los recursos energéticos es desfavorable.
Cualquiera que sea el modelo que adopte, el gobierno mexicano debe caer en la cuenta de la importancia que significan los recursos energéticos para el desarrollo de la industria nacional. La sociedad civil entiende eso, pues finalmente en ella recae el efecto más inmediato de las medidas privatizadoras al pagar los precios de los productos, generalmente más altos. Cada vez que las medidas gubernamentales afecten los intereses del pueblo y parezcan atender a presiones de los grandes consorcios internacionales, se descalificará al gobierno, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en las regiones de nuestra América Latina. La nueva concepción de la democracia seguirá pareciendo insípida si no es tomada en cuenta la voz de la sociedad en contra de los modelos económicos para los que aún no está preparada, toda vez que no parecen satisfacer las demandas de la mayoría.
El autor es financiero y actualmente trabaja en aspectos sociales de Petróleos Mexicanos y estudia la maestría en Políticas Públicas del Tec de Monterrey en la Ciudad de México. Comentarios: ncorzozepeda@yahoo.com.mx
La discusión en materia energética en Estados Unidos se ha tornado compleja. Aunque no se discute la propiedad de los hidrocarburos por parte del Estado, sí se presentan desafíos importantes, como los estímulos fiscales para elevar la producción, el acceso a terrenos públicos y a matices de reglamentación sobre electricidad, así como de las estrategias para la conversión energética y la reversión de los problemas ambientales.
En el resto del continente americano, hacia el sur de Estados Unidos, las visiones del problema no resultan ser distintas. Algunos países como Venezuela, han optado por vías forzadas para reactivar sus economías a través de su potencial energético. El gobierno argentino por su lado, ha comenzado una batalla en contra de las empresas extranjeras que operan en ese país por el incremento en los precios de los combustibles.
El exceso en la demanda de energía a nivel mundial ha obligado a los países productores de crudo de Latinoamérica a tomar medidas inmediatas para no perder la oportunidad de participar en ese mercado, quizá el más importante de los últimos 100 años. Ahí radica el interés de algunos grupos de poder particulares por apoderarse de ese atractivo nicho. Existen actualmente países como Bolivia que enfrentan serias crisis en materia energética. Desde el punto de vista de los nacionalistas, su causa principal fue la de seguir las recomendaciones del Banco Mundial de dejar los recursos energéticos en manos de empresas extranjeras. Para el caso de México, la recomendación de la corporación financiera internacional ha sido en ese mismo sentido: permitir nuevos jugadores en el sector energético nacional.
A los ojos de una entidad como el Banco Mundial, el consenso de Washington y sus postulados son requisitos fundamentales para el otorgamiento de apoyos a los países que lo requieren. Este tipo de instituciones deja de lado su espíritu desarrollador cuando toma el papel de lo que en realidad es: una institución de crédito que obedece a poderosos intereses privados, como el mayor rendimiento de sus grandes capitales. Los que comulgan con la visión de la política de mercado argumentan que ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni ninguna otra entidad de ese nivel tenga intenciones filantrópicas o paternalistas. Sus condiciones son más que claras, se deben realizar los cambios estructurales esbozados en los planteamientos liberales modernos.
Sin embargo, esas presiones han resultado infértiles en algunos países. Las políticas liberales encuentran resistencia. Y es que las decisiones gubernamentales en materia económica de los países en vías de desarrollo no sólo se dirigen a la reactivación de los sectores mercantiles, sino también al financiamiento del gasto corriente y a los programas de desarrollo social y combate a la pobreza. Bolivia, por ejemplo, ante las presiones sociales, ha determinado acciones como la expropiación del gas y el agua potable, así como propone la retención del 50 por ciento de los impuestos a dividendos internacionales. Esta decisión ha dividido la opinión de la sociedad en ese país. Mientras que en el altiplano el pueblo se manifiesta, bajo el mando de los sindicatos bolivianos más fuertes, en Santa Cruz de la Sierra, en la frontera con Brasil -una región que no se identifica con el resto de Bolivia, de corte racista y considerada como la más próspera del país-, la opinión al respecto de la propiedad del Estado de los recursos energéticos es desfavorable.
Cualquiera que sea el modelo que adopte, el gobierno mexicano debe caer en la cuenta de la importancia que significan los recursos energéticos para el desarrollo de la industria nacional. La sociedad civil entiende eso, pues finalmente en ella recae el efecto más inmediato de las medidas privatizadoras al pagar los precios de los productos, generalmente más altos. Cada vez que las medidas gubernamentales afecten los intereses del pueblo y parezcan atender a presiones de los grandes consorcios internacionales, se descalificará al gobierno, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en las regiones de nuestra América Latina. La nueva concepción de la democracia seguirá pareciendo insípida si no es tomada en cuenta la voz de la sociedad en contra de los modelos económicos para los que aún no está preparada, toda vez que no parecen satisfacer las demandas de la mayoría.
El autor es financiero y actualmente trabaja en aspectos sociales de Petróleos Mexicanos y estudia la maestría en Políticas Públicas del Tec de Monterrey en la Ciudad de México. Comentarios: ncorzozepeda@yahoo.com.mx
1 comment:
eh.. informative style )
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