Thursday, December 22, 2005

So this is Christmas...

Por Omar del Valle Colosio.

“And so this is Christmas, and what have you done?”
John Lennon

En el mundo.
Oscura, fría, insolente, llena de dolor y temor, completa de incertidumbre e impotencia; desesperada y confundida. Así se refleja la cara del mundo que a fin de este año se muestra descontenta por la ausencia de políticas globales relevantes y coherentes con los retos que la humanidad enfrenta. El comportamiento humano es complejo, de eso no hay duda y no importa si se analiza la región del sudeste asiático o del medio oriente, si se analiza el desarrollo de África o la izquierda en Latinoamérica, siempre habrá un sinnúmero de posiciones políticas y acciones con respecto a las soluciones que se requieren. Sin embargo, con respecto a temas como la guerra, todo se reduce a dos caminos de opinión: a favor o en contra.

Según lo que resulte y sin alterar los ánimos, el futuro de Iraq depende de su gente, que con la colaboración adecuada de la comunidad internacional, podrán sentar las bases para un sistema político que mejor responda a las necesidades sociales, económicas y políticas de ese país. Mientras tanto, el resto, que somos todos, no debemos olvidar los costos humanitarios que esta transición impone en nuestra historia contemporánea. En este fin de año, reflexiono junto con los pacifistas e invoco: ¡No a la guerra y no a la inmunidad!

Por lo pronto y para récord, Bush recién declaró estimar que alrededor de 30,000 iraquíes han muerto desde la intervención de Estados Unidos en la región. Por otro lado, más de 2,000 soldados norteamericanos han caído, y lo que falta. Desafortunadamente, la falta de poder político de la comunidad internacional es insuficiente para moderar el proceso. Es claro que nuestros vecinos no se retirarán de Iraq y quizá es lo mejor, por ahora, pero la transición a un nuevo sistema político puede resultar en fracaso si no toma en cuenta las historia de la región y sus características propias. En este mes, los iraquíes eligieron, de suficientes partidos políticos, a quienes guiarán el nuevo Parlamento, ojalá sea el comienzo de un Iraq menos violento y que resulte en menores pérdidas humanas.

América Latina.
Así, en los vericuetos de cambios gubernamentales, desde el presente mes y durante todo el próximo año, la región Latinoamericana ofrecerá a la comunidad internacional una prueba de fuego para la izquierda. Comenzamos en Chile con la segunda ronda electoral entre Michelle Bachelet, representante de la centro-izquierda, y Sebastián Piñera, conservador moderado. El escenario es impreciso por la cercanía en las preferencias electorales; sin embargo, la aceptación del actual presidente Lagos quizá influya en la elección final de Bachelet quien fungió como Ministra de Salud y después de Defensa Nacional -la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de Chile y de América Latina.

El próximo año, veremos elecciones en Brasil, donde los escándalos de corrupción han desacreditado al Partido del Trabajo y al gobierno del presidente Lula. Existen quienes visionan la reelección de Lula, sin embargo, todo depende del desenvolvimiento de los casos de corrupción que podrían, según analistas políticos, llevar a la destitución del actual presidente. No obstante, parece ser que la política en Brasil se muestra moderada en este sentido y ha preferido en todo caso y quizá, en forma de acuerdo, mantener a Lula en el poder y esperar hasta la elección del 2006 donde la oposición pueda organizarse y entonces ganar la contienda, una oposición que encabeza José Serra y quién podría representar al Partido del Movimiento Democrático Brasileño y al Partido Social Demócrata Brasileño.

En Venezuela, las preferencias del Presidente Hugo Chávez están polarizadas. No obstante, el camino para la reelección de Chávez está cada vez más tranquilo en cuanto la oposición no se organiza e integra para presentar un candidato de unidad que pudiera contrarrestar el apoyo del actual mandatario. En los primeros meses del próximo año, los venezolanos en la oposición tienen la tarea más difícil, unirse y organizar una plataforma política e ideológica que también cobije a los votantes “huérfanos” de partidos y con ello pueda presentar una alternativa con forma para sobreponerse al gobierno de Chávez. Sin embargo, este escenario parece estar muy lejos de cumplirse.

Por su parte, en Bolivia, Evo Morales, presidente de la federación de los productores de la hoja de coca, es símbolo de lucha en contra del neoliberalismo en Bolivia y ha logrado dirigir un movimiento alternativo hacia el parlamento Boliviano. Durante este año, como dirigente del Movimiento Al Socialismo, encabezó las encuestas para las elecciones de este diciembre 2006, por arriba del centroderechista Jorge Quiroga. Como virtual vencedor, según los resultados del pasado domingo 18, sus planes se centran en la legalización de la planta de coca y en la revisión de los precios de exportación de gas a Argentina y Brasil. Veamos entonces cómo resulta el futuro en el corto plazo para Bolivia.

Y en México…
Izquierdas, derechas y democracia. Para Norberto Bobbio, filósofo y politólogo italiano, los extremos carecen de los fundamentos necesarios para establecer un sistema político democrático basado en las libertades y garantías individuales, sino por el contrario, las estrategias de las extremas atentan contra dichos fundamentos, poniendo en duda, su capacidad para construir un régimen político incluyente y justo.

Para nuestro caso, en México, las izquierdas y derechas se toman de la mano, comen juntas, más tarde se insultan y después se mandan un telégrafo de disculpa. Por ello, no es difícil hablar de y distinguir entre una izquierda y una derecha.

Actualmente en México las cartas electorales están en la mesa y boca abajo; si al mismo tiempo se distinguen por características propias de color e historia, las tres más relevantes se muestran borrosas con respecto al valor agregado que ofrecen para ganar el juego electoral.

Al fin de este año, nos molesta a los mexicanos que la construcción de un sistema “democrático” nos esté costando más que lo que puede ofrecer, y hasta cierto punto, se entiende pues es el resultado de años de liberalización política y competencia electoral, es el producto del estilo político y las instituciones que lo “regulan”, y sobre todo, es nuestro paso hacia un sistema político que mejor se adecue a nuestras necesidades sociales y económicas.

Sin embargo, vale la pena reflexionar sobre qué es lo que no hemos hecho en México. Tomaría más que una editorial describir en detalle la respuesta a tal pregunta; no obstante, pareciera que el siglo de caudillos que analiza Enrique Krauze en su trilogía del poder político, se expande por más de cien años y muestra cómo en México predomina la actitud de depender de una persona para cambiar el país. Deberíamos recordar a Octavio Paz quien claramente señaló que transformar al país no es tarea de un solo hombre o grupo, sino de una generación.

Aún quedan reformas y procesos de descentralización de políticas que brindarían al país una mejor dinámica para su crecimiento y desarrollo regional. Construir un federalismo eficiente no es sencillo y bien lo saben las instituciones, la ciudadanía y los partidos políticos, pero la falta de un contrato social ha sido causa de múltiples obstáculos y politización de las necesidades sociales y económicas. En México, la teoría del contrato social de Rousseau está limitada. Uno de los problemas del contrato social no es que el hombre racional haya cedido sus poderes al Estado para que este genere la voluntad general, sino es precisamente la voluntad general la que no se ha consolidado, y el hombre social en México sigue siendo súbdito y no ciudadano.

El contrato social no debe implicar la renuncia a la libertad política, sino todo lo contrario. La calidad ciudadana, los deberes y derechos del hombre son sujetos propios de la libertad. Por esta razón, en México aún los procesos de democracia están fraguándose para construir un sistema político social demócrata independiente y complementario a nuestra propia evolución.

Nuestra calidad de ciudadanos y no súbditos, no debe privarse o no debe ser privada de sus fuerzas innatas; nuestro activismo socio político genera las condiciones para cumplir la voluntad general (o que la mayoría desee). Por ello, encarnar una alternativa revolucionaria para someter al Estado a un esquema de leyes e instituciones, debe ser en parte, el activismo de la dialéctica ciudadano-Estado. Por lo tanto, transformar hoy la relaciones Estado-Sociedad depende también de nuestra cultura e historia, es decir, queremos acelerar el proceso democrático, queremos mejores respuestas, pero entendamos que el ciudadano es parte fundamental de este proceso y sin su activismo, las relaciones explicadas anteriormente distan de transformarse. Por eso no debemos depender de un solo personaje, esto no cambiará al país. Dependemos por tanto, de un cambio cultural en México. Está aquí, se desenreda lentamente, pero está presente.

A todo esto, yo le llamaría, el cambio o revolución cultural que México necesita. Nuestro país tiene una nueva generación que no está representada por ninguna de las tres principales cartas electorales, y la ineficiencia institucional, no da lugar a que nuevas cartas se presenten. Por eso, el cambio cultural es necesario para vencer la demagogia de quienes desean representarnos políticamente; debemos sobreponernos a los halagos y falsas promesas que son populares pero difíciles de cumplir para que las nuevas relaciones Estado-Sociedad no sean para convertir al ciudadano en instrumento de la propia ambición política, sino sean el núcleo del diseño institucional y político que México exige.

Estamos por lo tanto luchando por un sistema político que sea adecuado a nuestras necesidades y circunstancias. Alexis de Tocqueville concebía a la democracia como un sistema de gobierno en el cual los ciudadanos participan de manera voluntaria y autónoma en los asuntos de la comunidad. El proceso democrático que vive México ha abierto espacios para que nuevos agentes sociales presenten alternativas, las debatan y en mayoría (y probablemente con un contrato social), se obtengan mejores resultados y, al mismo tiempo, se minimicen los costos sociales de quienes no obtuvieron la mayoría. Sin embargo, al no tener los mecanismos necesarios, los procesos de respuesta se atrasan y quienes están ahora incluidos en el sistema se muestran descontentos y se rehúsan a seguir participando.

El proceso nos está costando y seguirá imponiendo costos. La historia de México nos impone responsabilidades. Sabemos dónde hemos fallado y estamos conscientes de lo que no queremos tener. México sí tiene un sistema más plural y abierto, nuestro país tiene una nueva generación que se entrega y muestra su profundo amor a la patria. Vemos que México y su gente lo pueden lograr. Al menos, ésta es mi percepción, que durante el 2005, se ha dotado de opiniones populares, de académicos y profesionistas, de amas de casa, de estudiantes y de un sinnúmero de jóvenes que día con día muestran su optimismo en que México enfrentará su propio destino donde todos somos responsables.

Las próximas elecciones nos ofrecen un nuevo reto. Preparémonos para enfrentarlo y asumir las consecuencias de nuestras decisiones.

¡Feliz Navidad!


El autor es Presidente y Fundador de Esfuerzo Social Cotidiano de México, AC. Actualmente es candidato a Maestro en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Comentarios:
ofd@georgetown.edu

Dignidad Republicana

Por Lic. Dorisled Martínez Mabarak.

Los asuntos públicos deben ser tratados con dignidad. Lo anterior significa que los gobernantes se encuentran obligados, no sólo constitucional y legalmente, a ajustar todos sus actos a la ley, sino también, a la ética gubernamental.

Gracias a la presencia del derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos de la República, hemos recibido insistentemente noticias de que nuestros gobernantes de diferentes niveles y áreas del Poder Público, han venido realizando erogaciones faraónicas en un país en el cual, grandes sectores de la población tienen importantes carencias que inclusive llegan a ubicarse en dramáticas situaciones de sobreviviencia.

Los sueldos y las prestaciones de los gobernantes que encabezan o que ocupan las más importantes plazas en los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), son más altos que los de sus homólogos en países del primer mundo, por ejemplo en los Estados Unidos de América. No puede ser posible que estos servidores públicos se encuentren obteniendo con cargo a nuestras contribuciones y otros importantes ingresos del Estado, recursos económicos desmedidos. No puede ser que el pueblo de México les pague sus vestidos, calzado comida, viajes, gastos mayores y menores no sólo para ellos, sino también para sus cónyuges y parientes. Esta situación es indigna, no sólo para los ciudadanos, sino y sobre todo, para los gobernantes.

Existen en el basto anecdotario gubernamental, numerosos casos de pagos muy onerosos por adquisición de bienes o por prestación de servicios. En efecto, adquieren nuestros gobernantes con recursos públicos, diversos objetos para su satisfacción casi personal (Bienes inmuebles, autos, muebles, ropa, calzado, esculturas, pinturas y otras chucherías), no sólo de manera indigna, sino con violación por parte de estos gobernantes, de las más elementales normas constitucionales y legales que rigen los actos de adquisición de bienes y la prestación de servicios.

En efecto, las situaciones que estamos viviendo (y sufriendo) los ciudadanos del país, son muy frecuentes y parece lejana la idea republicana consistente en aspirar al fortalecimiento de un régimen democrático, dentro de un estado de derecho. Estado de derecho y democracia, existen casi exclusivamente en el lenguaje político y en los temas de estudio de la academia, pero en la práctica éstos dos importantes conceptos jurídicos y políticos, encuentran un campo de aplicación muy reducido y confuso.

Veamos a través de un simple razonamiento lógico, esta situación, preocupantemente inconstitucional:


PREMISA MAYOR

El artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que todo funcionario público sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, formulará una protesta de guardar (respetar y hacer respetar) la Constitución y las leyes que de ella emanen. A su vez, el segundo párrafo del artículo 134 constitucional indica que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicará o llevará a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria.

De la misma manera, el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León señala que los servidores públicos del Estado y de los municipios, se obligan a cumplir y hacer cumplir los preceptos de la Constitución y las leyes que emanen de ella. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Para la Administración Pública del Estado de Nuevo León, señala en su artículo 21 que todas las adquisiciones que realicen las dependencias del Poder Ejecutivo y los organismos del sector paraestatal, así como la contratación de servicios, deberá efectuarse invariablemente a través de concursos. Los casos de excepción son contados.

PREMISA MENOR

El Gobierno Federal y en el caso de Nuevo León, el Gobierno del Estado, han realizado actos jurídicos consistentes en adquisición de bienes y la contratación de servicios, sin haber dado cumplimiento a los ordenamientos constitucionales y legales de referencia.

CONCLUSIÓN

Luego, al no haberse llevado a cabo las licitaciones correspondientes. y haber contratado directamente con las personas la adquisición de bienes o la prestación de servicios, se contravinieron abiertamente los textos constitucionales y las leyes que de ellas emanan.

Todas estas situaciones ilegales se han practicado y al parecer, se seguirán practicado sin recato alguno. Esto trae consigo una serie de violaciones flagrantes a los preceptos constitucionales y legales y es deber de las más altas autoridades gubernamentales, ordenar el fincamiento de responsabilidades a los infractores y conminarlos a no seguir cometiendo estos actos abiertamente ilegales.

En cuanto a la responsabilidad social gubernamental que conllevan estas conductas, es indudable que con ellas se está incurriendo en una grave falta de dignidad republicana. Existe una vieja sentencia que indica que: Nadie puede gozar de lo superfluo, mientras alguien carezca de lo estricto. ¿Cómo es posible adquirir vajillas lujosas o cuadros de pintores a precios altos, para adornar una estancia gubernamental, mientras los damnificados por las lluvias recientes en diversos municipios del Estado, carecen de techo y de alimentos? La respuesta parece obvia.

La ciencia política coincide en muchos puntos con lo que nosotros denominamos: dignidad en el manejo de las cosas públicas. Tratar de conseguir la realización del BIEN COMÚN, situación que en este momento en casi todo el país y particularmente en Nuevo León, parece no ser prioritaria.

La autora es Directora Ejecutiva del Centro de Responsabilidad Social Corporativa y catedrática de la materia de Responsabilidad Social Corporativa en la Maestría de Derecho Corporativo de la Universidad Regiomontana en Monterrey, N.L. Comentarios: dorisled@cresoc.com

Visión de un Mexicano

La Responsabilidad Social de las Empresas

Por Samuel Peña Guzmán.

En días pasados tuve la oportunidad de visitar una planta automotriz de origen Alemán. Dicha planta localizada en el municipio de Santa Catarina (Municipio del área metropolitana de Monterrey ) cuenta con m+as de 350 empleados en sus distintos ramos. Es una de las empresas multinacionales con mayor tiempo en nuestro país (110 años), y además es un ejemplo de una empresa con responsabilidad social.

Esta empresa compartió, no sólo sus futuros proyectos, sino las experiencias, necesidades y apoyos que requieren de las autoridades en todos sus niveles para continuar contribuyendo con la comunidad. Como gobierno es nuestra obligación crear los mecanismos de apoyo a este tipo de empresas.

Hoy en día, el neoliberalismo ha puesto en los mercados y en los capitales nuevas responsabilidades sociales que si bien, pudieran ser criticados por algunos modelos económicos de gobierno, en el caso nuestro, en virtud del neoliberalismo actual, es ineludible tener vínculos estrechos y cooperativos entre la iniciativa privada (nacional ó extranjera) y las autoridades. “En teoría” se persigue un mismo objetivo: Incremento en el valor de sus activos y bienestar para las comunidades.

Lo lamentable -no podemos generalizar entre el “deber ser” teórico y lo que sucede en la vida real- es que no sucede el “deber ser”.

Si bien es cierto, el objetivo de toda empresa es incrementar el valor de los activos a sus accionistas, estos así mismo, tienen una responsabilidad social no sólo con sus trabajadores, sino también con sus comunidades.

Actualmente no son muchas las empresas que cuentan con una responsabilidad social hacia sus comunidades. Las causas y/o excusas son muchas que quizás nos llevarían otro análisis de sus causales. Sin embargo, es necesario establecer mecanismos de cooperación entre las autoridades y el sector privado con el objetivo de lograr un bienestar social de la comunidad que los rodea. Considero que el progreso de las empresas mismas, debe ir acompañado de un progreso social justo para sus empleados que deriva en beneficios para la sociedad colectiva.

El objetivo final de las autoridades es precisamente el bienestar colectivo. En virtud del actual modelo económico neoliberal, esta responsabilidad es ahora compartida con el sector privado y por ende se ha convertido en una obligación simultanea para las autoridades, alcanzando objetivos en conjunto con las empresas nacionales y extranjeras-.

Los países en vías de desarrollo como el nuestro, han sido recipientes de un gran número de empresas extranjeras que si bien se han traducido en una fuente muy importante de empleo con todos los beneficios que este con lleva, a su vez por otro lado, la ética de las empresas multinacionales en cuanto al compromiso con sus trabajadores y comunidades no necesariamente ha sido la más ejemplar, ni hemos sido como país el recipiente que quisiéramos ser.

En realidad la mayor parte de las empresas buscan el incremento del valor de sus clientes, ventas, activos etc. Y desafortunadamente hacen a un lado el compromiso social con quienes les otorgan el valor agregado a sus empresas.

Las autoridades gubernamentales hoy en día tienen, -en mi caso personal- tenemos la obligación de no sólo crear nuevas fuentes de empleo mediante el fomento y atracción de empresas extranjeras al país, sino también conscientizar e incentivar a las empresas a que contraigan una nueva responsabilidad social con sus empleados y comunidades.

La tarea de parte de las autoridades no termina con la sola atracción de las empresas mismas, sino que hay mucho trabajo por hacer. Es una labor de equipo entre ambos sectores, producto del modelo económico en el que vivimos. Si bien es cierto la responsabilidad social de las empresas no es una obligación “de Jure”, sino moral, el problema radica principalmente en cómo concienciar a las empresas de la necesidad de comprometerse con las comunidades cuando no tienen una obligación legal –per-se-. Para las autoridades y para las empresas, la tarea es doble y por consiguiente es doble el compromiso; es decir, el interno mediante la creación de un valor agregado a sus activos y externo con la sociedad. De igual manera la tarea para las autoridades es doble. Crear los mecanismos apropiados para la creación de nuevos empleos y alcanzar el desarrollo económico paralelo al progreso social. La tarea no es fácil, sin embargo trabajamos día a día para alcanzarla.



El autor es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey con Maestría en Derecho Internacional (LLM) por la American University y Maestría en Administración Pública (MPA) por la George Washington University. Actualmente es Coordinador de Inversión Extranjera del Estado de Nuevo León y catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Las opiniones expresadas son de carácter estrictamente personal y no deberán entenderse que representan las de las instituciones con las que el autor se encuentra vinculado. Comentarios:
samuel.pena@nl.gob.mx

Wednesday, December 21, 2005

Gaceta Jurídica del Ciudadano

Hasta la cocina

Por Javier Oroz Coppel.

Debido al auge de la tecnología, los medios de comunicación han venido a sustituir a un ineficaz Estado que incumple su obligación de brindar seguridad jurídica y de hacer valer un saludable estado de derecho. De este estado sólo hemos oímos hablar y en ocasiones hasta lo hemos podido oler, pero en realidad no estamos seguros de su existencia. Así, actualmente nos hemos visto invadidos por exhibiciones cocinadas por diversos grupos de poder, en donde se evidencia, mediante grabaciones tanto de video como de voz, comunicaciones privadas entre distintos actores políticos y económicos, "cuajando" uno más de sus exquisitos platillos de corrupción. Por ello, ya resulta normal que cotidianamente observemos u oigamos, cómo dos "chefs" de la política nacional, se encuentran deglutiendo millones de pesos en sales y pimientas para preparar un platillo candidateable.

Pues bien, independientemente de que este medio ha sido eficaz para producir acidez y agruras a una población indignada que los observa, estas pruebas desafortunadamente serán (del deber ser) ineficaces para ser usadas dentro de un juicio. Tal cual lo lee estimado lector, una grabación de una comunicación privada no debe/puede ser usada como prueba en un tribunal de derecho y la razón es la siguiente: El artículo 16 párrafo noveno de la Constitución, consagra como garantía individual el derecho a la privacidad estableciendo en su texto que "las comunicaciones privadas son inviolables", por lo que inobservar lo anterior, nos lleva a cometer un grave ilícito constitucional. Por ello, la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente en contra de la libertad y privacía de las mismas, correspondiendo exclusivamente a un Juez Federal, a petición del Ministerio Público Federal (M.P.F.), esta labor. Es únicamente el M.P.F. quien podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, este órgano por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, qué tipo de intervención hará, que sujetos serán intervenidos y cuál será la duración de la misma.

Este precepto constitucional posteriormente advierte que la autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor, ya que de lo contrario los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. Cabe mencionar, que el Constituyente de 1917 no contempló el noveno párrafo del artículo 16 Constitucional, sino que fue hasta el 3 de Julio de 1996 en donde se reformó dicho artículo para añadir el texto recién aludido, mencionando en la exposición de motivos de dicha reforma: "……que la intervención de cualquier medio de comunicación privado, o bien la colocación secreta de aparatos tecnológicos, podrán ser autorizados sólo por la autoridad judicial federal, con lo cual su práctica se limita.…" , por lo que se dejó muy en claro que únicamente un Juez Federal puede intervenir una comunicación privada cuando así se sujete a las normatividad aplicable. Esta normatividad es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que en su articulo 16 párrafo tercero, conceptualiza que: "Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen en forma oral….", por lo que la ley al referirse a comunicación privada se refiere a: "…cualquier forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.".
Así las cosas, la receta de ilegalidad de hacer grabaciones ocultas o de intervenir comunicaciones privadas se va haciendo más evidente conforme acitronamos estos ingredientes jurídicos. Sin embargo, aún falta un toque especial a esta sazón.

Es cierto que las garantías individuales son una prerrogativa del gobernado hacia el Estado, es decir que se establecen dentro de una relación de supra a subordinación entre el Estado y el gobernado. Sin embargo, la Constitución consagra mediante la referida adición al artículo 16 Constitucional, el derecho a la privacidad y a la intimidad, al establecer que todas las comunicaciones privadas son inviolables, siendo obligatorio acatar y respetar dicho precepto tanto para el Estado como para los gobernados. Así, no sólo el Estado puede violentar las garantías y derechos establecidos en nuestra Constitución, sino que contrario a como lo afirman los grandes "gourmet" constitucionalistas, en nuestra opinión, también los gobernados pueden incurrir en un ilícito Constitucional, lo que lleva a que no sean admisibles como pruebas en un juicio (salvo de delincuencia organizada) una grabación de una comunicación privada.

De esta misma forma piensa la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dos condimentadas tesis afirma que cuando el legislador incluyó el párrafo noveno del artículo 16 Constitucional, estableciendo que las comunicaciones privadas son inviolables, resulta inconcuso que con ello estableció como derecho fundamental el que nadie puede intervenir una comunicación privada, salvo en los casos ya mencionados y, por tanto, la infracción de los gobernados a tal deber conlleva la comisión de un ilícito constitucional. Esto da lugar a que si un gobernado realiza la intervención de alguna comunicación privada sin el consentimiento expreso e irrefutable de los que la entablan, y acude con esta intervención como prueba dentro de juicio en cualquiera de sus especies, tal probanza debe estimarse contraria a derecho y, por tanto, no debe admitirse por el Juzgador correspondiente, pues ello implicaría convalidar un hecho que en sí mismo es ilícito.

Pues bien, como nota aclaratoria de este chef, esta lectura no pretende ser un aguafiestas del festín que nos hemos venido dando con la exhibición de nuestros políticos nacionales. Sin embargo, sí busca hacer conciencia de que si pretendemos acabar a través de figuras botaneras con el hambre de seguridad jurídica y sed de estado de derecho, debemos empezar por revisar cuales son los ingredientes con los que estamos cocinando nuestra legalidad. Provecho.



Javier Oroz Coppel, es abogado por la Universidad La Salle Noroeste. Comentarios: javieroroz@gmail.com

Dejarlos ir

Por Antonio Simancas López.

En ciertas “civilizaciones” antiguas optaban por la eliminación de quienes consideraban como los más débiles o feos. Así, los espartanos arrojaban a sus hijos recién nacidos al mar y sólo los que lograban nadar para salir se mantenían con vida. Los hombres nube, en tiempos prehispánicos, abandonaban a sus recién nacidos si tenían algún defecto físico, lo que garantizaba no sólo la supervivencia de su gente, sino su buen aspecto…

En estos tiempos resultaría una crueldad, y un atentado contra los derechos humanos semejantes prácticas, y dicho sea de paso, las condiciones del hombre no son como las de los animales dada su capacidad de raciocinio. De tal suerte que más relevante que la condición o apariencia física, está la fortaleza de las ideas, y mejor aún, la espiritualidad.

Imposible imaginar que hubieran rechazado a Napoleón en su ejército sólo por ser de corta estatura, o que se hubiera impedido a Chávez ser presidente por feo (quizás por otras causas, pero eso ya fue decisión de los venezolanos). Desafortunadamente, al orden natural se agregan otras causas de discriminación o eliminación más complejas y en algunos casos decisivas para el progreso, o no, de nuestras actuales sociedades.

El asunto, en términos ideales, es que cada sociedad identificara, o al menos retuviera en su imaginario colectivo, qué situaciones o condiciones resultan ser lastres, estorbos u obstáculos para el desarrollo y crecimiento social, y que por tanto debieran ser eliminados o desechados. Así, por ejemplo, resulta evidente que las leyes contemplen que los criminales sean encerrados en una cárcel; o bien, la intervención del estado cuando se presentan fallas de mercado.

¿Cuáles son los lastres del México del 2006? ¿Hasta dónde podemos mejorar si consentimos se mantengan los mismos estorbos de siempre? ¿Qué debemos hacer para hacer a un lado los obstáculos que nos detienen? Así como en remotos tiempos se privilegiaba el beneficio de la colectividad por encima del interés particular, sin llegar a los extremos que atentan a los derechos básicos del ser humano, es importante entender y perfilar la acción colectiva, hacia la paulatina eliminación de prácticas y otras situaciones que impidan el adecuado desarrollo social.

La sociedad mexicana, a estas alturas del nuevo milenio (2005) pareciera en últimas fechas discernir entre dos amplios polos, uno que quiere deshacerse de las viejas prácticas políticas que impiden el crecimiento y desarrollo del país, y otro que quiere deshacerse de quienes impulsan nuevas prácticas y políticas: nuevas formas de hacer política.

En el medio, se encuentra el gran grueso de la sociedad, la mayor parte desorganizada y por tanto sin capacidad de ejercer presión política, que igual se debate entre resolver la urgencia de lo presente o bien, atender la importancia de lo futuro.

Revisar con claridad las circunstancias, la perspectiva de los acontecimientos cotidianos en contraste a las prospectiva y visión de futuro, no es una tarea sencilla, mucho menos habitual en los mexicanos de las últimas décadas.

Al parecer, nuestro origen educativo, cultural y de acción, nos mantiene encallados en los viejos paradigmas que dieron sustento al régimen político autoritario, controlador y centralista del siglo pasado. Quizás apenas las nuevas generaciones tengan mayor oportunidad de sacudirse de los lastres que generan este sistema de falsos valores, mitos y paradigmas del pasado
por demás arcaicos, caducos y lacerantes para el país.

Así también, pareciera pedir peras al olmo, si pensamos que quienes se encuentran al mando de los grupos, organizaciones e instituciones que privilegian los viejos sistemas, o peor aún, que buscan reinstalarlos como medida desesperada para hacer valer su perspectiva de la sociedad mexicana, pudieran cambiar de pensamiento, actitud o visión.

Valdría más dejarlos ir, pues como versa el dicho “más ayuda el que no estorba”, y quizás sólo así habría posibilidad de que con renovada juventud demos paso a nuevas formas de definir y construir a la nación. No es posible que quienes subsisten hoy en las cúpulas del poder, a partir no de su valor intrínseco como personas valiosas para el país, sino por la circunstancia que les permitió acceder al poder, con dificultad podrían sobrevivir en un sistema en que la política predominantemente se ejerciera mediante políticas públicas.

El depuramiento de las dirigencias de las estructuras sociales, en especial de las organizaciones, tanto las relativas al Estado como las que no, es decir, la transformación de las élites, difícilmente se podrá hacer de la noche a la mañana;
requiere de tiempo y de un afianzamiento real en el imaginario colectivo de las personas. Salvo un intento de hacer tabla rasa, ya sea mandándolos al paredón o exiliándolos, situación que sería tanto como una limpieza racial o étnica, que atenta a los derechos de las personas.

En cambio, un proceso que parta de la toma de conciencia, la organización desde abajo para instrumentar una cohesión social, quizás podría tener mejores condiciones para habilitar mecanismos de depuración que permitan en primera instancia aislar los obstáculos, para posteriormente eliminarlos en definitiva. Este espacio de maniobra permitiría mejorar tanto los procesos de formación de la agenda, en virtud de que se eliminarían prejuicios hacia ciertos temas, así como
la implementación de políticas públicas, al reducir los posibles estorbos que impidan el flujo adecuado de las políticas.

Mantener los mismos liderazgos que prácticamente se han eternizado en el poder sólo genera lastres para el desarrollo y el crecimiento de la nación. Ya son anacrónicos, ya no funcionan para el nuevo México que quiere despertar y salir de la mediocridad. Así que no tiene caso insistir en sostenerlos, aunque en el corto plazo esto parezca tentador para el Estado.

La seducción hacia el Estado de estos liderazgos anquilosados en los vértices más complicados del entramado nacional, parece sostenerse en la posibilidad de conducir con tranquilidad al país, pues representan la capacidad de control que seguramente debe necesitarse para desactivar cualquier posibilidad de estallido social. Y estas aristas se encuentran en diferentes sectores, ámbitos y lugares del quehacer político del país, desde las estructuras de gobierno, los partidos políticos y la élite dirigente, hasta los grupos sociales, de empresarios e incluso asociaciones intermedias y ONG’s.

Y si bien el Estado cree tener el control por considerar que tiene en su mano, de una manera u otra a estos líderes, es posible que le esté pasando lo mismo que a algunos monos (changos) que son cazados en Asia de la siguiente forma: colocan dentro de una jaula pequeña un fruto, tal que le permite al mono introducir su mano para agarrar el fruto, más no le es posible sacarlo. El mono termina por aferrarse a su fruto, creyendo que lo tiene y que no va a venir otro chango a quitárselo, pero quien termina llegando, al paso de horas o días, es el cazador que no tiene más que tomar al mono y echarlo en un costal.

Así, sociedad y Estado podemos seguir aferrados a los liderazgos de siempre, a las viejas ideas, a los arcaicos paradigmas, creyendo que eso nos da control, cuando en realidad sólo estamos a merced de lo que creemos controlar, y que al paso del tiempo sólo significará nuestra propia ruina. Por tanto, quizás lo mejor es soltar eso a lo que estamos aferrados, pues en estos casos, como los malos pensamientos, es mejor dejarlos ir, aunque quizás con el tiempo, la historia nos tache hasta de inhumanos…



El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Comentarios: asimancas@desarrolloysociedad.org