Nacimiento de Nuevos Partidos: ¿Verdadera opción o distracción?

Por Erika Cervantes.

México es el escenario perfecto para el surrealismo. Cualquier cosa, por más increíble o sorprendente que parezca, es posible en nuestro país. En todos los ámbitos aplica esta premisa, sin embargo, es especialmente cierta en la vida política y electoral. Hoy podemos ver, a un año de las elecciones, un boom de precandidatos luchando por convertirse en candidatos presidenciales (fenómeno al que algunos analistas han llamado “multipresidencialismo”), la creación de fundaciones que reviven de manera muy conveniente a personajes del pasado, y el surgimiento de nuevos partidos políticos.

El análisis, en esta ocasión, se concentrará en las asociaciones que en días pasados recibieron su registro por parte del IFE para ser formalmente partidos políticos. El primero de ellos es Alternativa Social, Demócrata y Campesina, encabezado por Patricia Mercado, y el segundo, Nueva Alianza, dirigido por Miguel Angel Jiménez.

Alternativa Social nace a partir de los partidos México Posible, Fuerza Ciudadana y el Socialdemócrata que perdieron su registro en 2003. Su candidata oficial, hasta el momento es Patricia Mercado, economista de la UNAM y activa participante en organizaciones de la sociedad civil con enfoque en cuestiones de género.

Nueva Alianza surge como partido a partir de la Asociación Conciencia Política, conformada por alumnos del ITAM. Aunque niegan cualquier relación, Nueva Alianza tiene el apoyo de la Asociación Ciudadana del Magisterio (ACM), del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y por consiguiente, de la Maestra Elba Esther Gordillo. Aún no tienen candidato oficial, pero le hacen “ojitos” a todo aquel desamparado que desee contender en los comicios del 2006 y que no tenga un partido con el cual lanzar su candidatura. Así, Jorge Castañeda, Cuauhtémoc Cárdenas, o cualquiera que quede desplazado de su partido político (llámese PRI o PAN), puede tener una segunda oportunidad para conseguir la tan anhelada silla presidencial.

Es aquí donde me pregunto si la aparición de estos partidos políticos realmente es una opción verdadera para nuestro México incipientemente demócrata. ¿A caso del seno de estos partidos saldrá una figura que sepa guiar a todos los mexicanos en un proyecto común?, o ¿será que tan solo son expresiones del surrealismo que caracteriza a nuestro país y que sirve de pretexto para que los políticos muevan las cartas a su favor? ¿Será que tan solo son un negocio que reditúa bastantes ganancias?

Con 8 partidos dentro de la elección (PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Convergencia, PNA y Alternativas), aún no podemos saberlo, lo cierto es que a comparación de los partidos fuertes, Nueva Alianza y Alternativas Sociales presentan un rezago. Mientras que los otros partidos y candidatos llevan por lo menos 6 meses en actividad pre-electoral, estos apenas están recibiendo su registro ante el IFE y pensando en quién será su posible candidato. Los tiempos ya están encima.

La moneda aún está en el aire y lo inesperado puede pasar (estamos en México ¿no?). Así que por ahora no se puede llegar a una conclusión sobre el papel y la relevancia que estos partidos tendrán en las elecciones del 2006. Su misión es lograr mantener el registro con el 2% de los votos, y utilizar adecuadamente los cuantiosos recursos que el IFE destina por ley al financiamiento de los partidos, que aproximadamente son de 16 millones de pesos.

Lo cierto es que el momento que estamos viviendo los mexicanos es coyuntural para lograr una verdadera transición a la democracia. Es un ejercicio que nunca antes habíamos experimentado y que servirá para que la ciudadanía comience a despertar políticamente. Opciones o distracciones, los nuevos partidos ya tienen un espacio en la vida política del país, y aprovechar su existencia depende directamente de nosotros.

La autora es Lic. en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y estudiante de la Maestría en Políticas Públicas en EGAP. Comentarios: erikacervantes2003@hotmail.com

Una opción para México

Por Erika Cervantes.

Sexenios van, sexenios vienen, y las promesas hechas por los políticos no encuentran realización en la vida diaria de los ciudadanos. Mientras los altos mandos están preocupados por contiendas partidistas y electorales, la sociedad sufre de graves carencias, injusticias y desigualdades. La clave, desde mi perspectiva, está en que nuestros gobiernos no han puesto el énfasis en el sector adecuado, que es la sociedad misma.

La base de México desde que surgió como país libre e independiente fue el liberalismo, que se define como la teoría y práctica de la limitación del poder. La nueva nación se comprometió a garantizar las libertades individuales mediante la Constitución. A lo largo de los años este liberalismo fue adaptándose al momento histórico, lo que dio origen a distintas formas de gobierno. Así fue que el país pasó por etapas de paternalismo, de populismo, y más recientemente, de un neoliberalismo a ultranza del que aún hoy se sienten sus efectos.

Pero ninguna de estas formas de gobierno ha podido suplir las necesidades de la sociedad. Los problemas siguen siendo los mismos, pero agravados. La pobreza, las desigualdades, la inseguridad y la delincuencia han ido en aumento y los gobernantes no encuentran la fórmula para acabar con tantos problemas sociales.

Si miramos hacia atrás, parte de la solución es presentada por John Rawls, un teórico liberal, catedrático de la Universidad de Harvard cuyo libro más conocido es “Una Teoría de la Justicia” (1971) y quien a lo largo de sus trabajos logró combinar dos corrientes de pensamiento que parecían inconciliables hasta ese momento: el socialismo con el liberalismo, creando así el liberalismo social, que es la base de lo que ahora se conoce como la Tercera Vía.

Se dice que el socialismo y el liberalismo parecían no tener puntos de conciliación porque el primero de ellos busca la igualdad a costa de las libertades, y el segundo busca exaltar las libertades a costa de la igualdad. En la práctica, el socialismo puso total énfasis en la sociedad y en la comunidad. El Estado se convirtió en un todo que absorbió las funciones de la economía y de la sociedad con la justificación de querer la igualdad de los ciudadanos. La consecuencia fue que se creó un Estado totalitario con injerencia tanto en la vida pública como en la vida privada de las personas. Por su parte, el liberalismo, con la filosofía del laissez faire, dejó en manos del mercado la vida política y social de las naciones, lo que provocó que las desigualdades en la distribución de la riqueza crecieran y la brecha entre ricos y pobre se hiciera más grande.

El gran logro de Rawls fue combinar ambas propuestas para lograr la más alta libertad con la más alta igualdad con justicia social un reto difícil ¿no?

Rawls expresa el deseo de crear una sociedad bien ordenada y guiada por dos principios de libertad. El primero dice que todos tenemos derecho de gozar de individualidad. Es decir, la más alta libertad individual compatible con la libertad de los demás. El segundo principio dice que todos tenemos derecho a disfrutar del producto de la cooperación social, es decir, a gozar de una justicia distributiva que genere igualdad.

El liberalismo social consiste entonces en tener un Estado cuya función sea la de garantizar la seguridad, la igualdad y el respeto de los derechos de sus ciudadanos, sin tener injerencia sobre la vida económica del país, que se deja en manos del mercado. El Estado existe para proteger a las personas de los abusos que se puedan generar de libre mercado, lo que implica una intervención directa en el momento en que se ponga en peligro el bienestar social. En resumen, se quiere una sociedad en donde conviva el libre mercado con la intervención del Estado a favor de los que menos tienen.

Es importante mencionar que la igualdad en Rawls no implica que todos sean iguales en cuanto a estratos sociales o a las posesiones que se tengan. Esta igualdad se refiere a que se tengan las mismas oportunidades para mejorar y para lograr un mayor bienestar. Igualdad en los derechos y en las libertades. Igualdad con justicia social en donde no haya discriminación por no tener lo que otros sí poseen. Igualdad en donde los que llegan más alto adquieran una mayor responsabilidad con los que menos tienen.

Parece utópico lograr una sociedad en la que el énfasis principal esté en la sociedad. Incluso Rawls fue duramente criticado en su momento por proponer un modelo idealista que no tenía cabida en la realidad. Sin embargo, en nuestros días se ha visto que este enfoque es el que se necesita para lograr mejores sociedades, en donde se dejen de lado los abusos del mercado y del Estado. Algunos países, de los más desarrollados, han logrado aplicar este modelo con grandes éxitos. Un ejemplo de ello es Inglaterra.

En México el reto es grande, pero no imposible. Estamos en el momento justo para empezar a sentar las bases del país que queremos tener. Y la responsabilidad recae ahora en la sociedad civil y no en el gobierno, pues ya se probó que éste únicamente ve por sus propios intereses y no por el bienestar general. Mientras la sociedad organizada no demande, no participe y no genere capital social, los gobiernos seguirán enfocados en sus asuntos. La sociedad debe exigir que las propuestas sean concretas y no dejarse impactar por las espectaculares y costosas campañas con que los candidatos bombardean al electorado.

El anhelo es que no pase otro sexenio ni más gobernantes que apliquen modelos de gobierno que dejen hundida a la sociedad mexicana. El liberalismo social puede ser la solución, puede ser una opción para nuestro México.


La autora es Lic. en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y estudiante de la Maestría en Políticas Públicas en EGAP. Comentarios: erikacervantes2003@hotmail.com

Reforma del Estado: Una propuesta del CLAD

Por Erika Cervantes.

Los temas de desarrollo integral y reforma estructural del Estado han cobrado importancia especial en las últimas décadas después de que el modelo de Estado propuesto por los países desarrollados en la posguerra y el modelo de Estado neoliberal conservador probaron su incapacidad para garantizar el bienestar integral de la población en general. Aunque este fenómeno ha afectado a cada uno de los países occidentales, se muestra especialmente cierto para los países latinoamericanos, en donde la consolidación de la democracia, la necesidad de retomar el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad social, han sido los problemas constantes a lo largo de los años. La reforma estructural en estos países, se presenta necesaria para acabar con todo estos problemas de fondo que no han dejado que los pueblos latinoamericanos salgan del atraso.

Es de destacar, la opción de reforma del Estado propuesta por el CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo). Ésta se basa en un modelo gerencial que ha permitido modificar el sistema burocrático weberiano, flexibilizando la gestión, disminuyendo los niveles jerárquicos, descentralizando las estructuras y aumentado la autonomía de decisión de los gerentes o burócratas. Esta reforma es una modificación estructural del aparato del Estado que puede llevar al mejoramiento de la gestión del mismo. Dicha reforma se puede definir como la capacidad del Estado para concretar en la realidad, de manera eficaz, eficiente y efectiva, las decisiones tomadas a nivel político[1].
Dentro de las características y objetivos de la reforma se encuentra la profesionalización de la alta burocracia, la transparencia de la administración pública y la responsabilización de los administradores, la descentralización en la ejecución de los servicios públicos, la aplicación del sistema del control a posteriori de los resultados, la implementación de nuevas formas de control (control de resultados, control contable de costos, control por competencia administrada o por cuasi-mercados y control social), el establecimiento de dos formas de unidades administrativas autónomas (la monopólica, que solo realiza actividades del Estado y la dicotómica o del espacio público no estatal), la orientación del suministro de servicios hacia el ciudadano-usuario y la modificación del papel de la burocracia con relación a la democratización del Poder Público.

La reforma gerencial del Estado es una propuesta progresista que va en contra del recorte de personal, de la visión tecnocrática de la gestión y de considerar al mercado como la guía del sector público. Así mismo, propone la adopción del concepto de Estado Red, en donde se dé un equilibrio entre los marcos estatal, de mercado y público-no estatal. Este último marco, consiste en que la sociedad actúe en asociación con el Estado para el suministro de servicios públicos.

Todas estas medidas están encaminadas a aumentar la responsabilidad del Estado en la cuestión de los derechos sociales, así como el papel de financiador en esta misma área. Se busca garantizar la existencia de condiciones macroeconómicas saludables que permitan un bienestar general en la población, y aumentar las formas de participación popular dentro de la gestión del Estado.

Como se puede observar, la cuestión social es un asunto primordial dentro de la reforma del Estado propuesta por el CLAD. Sólo un Estado reformado, flexible, descentralizado y profesionalizado puede poner atención a los asuntos sociales y a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Al menos en este modelo, se ha dejado atrás el supuesto de que el desarrollo económico representa la solución para mejorar las condiciones de vida de la población.

Hoy, el desarrollo se ve como un todo, como un proceso social global compuesto por el crecimiento junto con la evolución (social, cultural y económica) cuantitativa y cualitativa. El proceso tiende hacia el mejoramiento humano, a un mejoramiento integral de las condiciones de vida, y no a un “desarrollo empobrecedor”, que implica desigualdad en la distribución de la riqueza.

En conclusión, la reforma del Estado se presenta como necesaria ante el escenario político, económico y social que está viviendo nuestro país. La participación ciudadana y el enfoque social dentro del aparato del Estado son completamente necesarios para crear un ambiente de gobernabilidad y legitimidad; elementos que desde hace tiempo, parecen haber perdido significado en México.

La autora es Lic. en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y estudiante de la Maestría en Políticas Públicas en EGAP. Comentarios: erikacervantes2003@hotmail.com


[1] Una Nueva Gestión Pública para América Latina, Documento del CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Pg. 12.

¿Qué es la Política?

Por Erika Cervantes.

El término “política” es parte del vocabulario diario de los mexicanos. Al oírlo, la mayoría de nosotros piensa negativamente debido al contexto político en el que vivimos. Día con día, a través de los medios de comunicación, vemos pleitos, contiendas, corrupciones y algunas otras “jugadas” sucias entre los políticos mexicanos.

Sin embargo, muy pocos saben qué es en realidad la política, cómo funciona y cuál es su fin principal. Incluso, dudo que muchos de nuestros dirigentes sepan exactamente su definición, de ahí que hagan todo, menos política. El tener un entendimiento claro sobre el término en cuestión nos permitirá comprender y analizar la realidad mexicana de una mejor manera, así como saber en qué áreas podemos influir para mejorar las condiciones en que se desarrolla la misma.

Para comenzar, es importante mencionar que la política tiene dos facetas: el conflicto y la conciliación. En el conflicto se da la violencia, el desorden, la anarquía y la opresión. Por su parte, la conciliación trae como resultado el orden, la libertad y la organización. Algunos teóricos clásicos vieron la política como conflicto; ejemplo de ello son Marx (Lucha de clases) y Schmitt (Amigos-enemigos). Algunos otros se inclinaron por la conciliación como Hobbes y Rousseau que se pronunciaron a favor del Contrato Social.

La política, al contrario de lo que se piensa, se identifica más con la paz que con la guerra. Por lo tanto, la conciliación es el extremo hacia el que se debe inclinar la labor política, y no hacia el conflicto. Mantener el orden es su fin principal, así como organizar la convivencia, impedir la disgregación y evitar que la violencia se generalice. La política tiene que evitar el caos y garantizar la concordia entre los individuos.

La democracia, en este sentido, es la única forma de gobierno que ayuda a cumplir los fines de la política, pues busca ejercer el poder de manera conciliatoria, es decir, trata de que haya armonía entre las distintas facciones. La democracia establece reglas que permiten competir por el poder por la vía pacífica.

La violencia, por lo tanto, es un elemento que está presente dentro de la política. Incluso es un elemento necesario para definirla, más no suficiente. Y algunos se preguntarán ¿por qué es necesario para definirla?, La violencia de la que se habla es de una violencia legítima que solo puede usar el Estado con el único fin de mantener el orden. Ya lo decía Max Weber, que el monopolio de la fuerza (violencia) lo tiene el Estado. Esta violencia de la que hablamos sirve para limitar el poder privado, para constreñir y obligar a los ciudadanos a la obediencia, mas no para oprimirlos. La violencia únicamente es válida cuando el poder está legitimado y justificado, cuando se usa para mantener el orden.

En resumen, la concepción verdadera de la política poco tiene que ver con la realidad que vivimos en México, en donde el conflicto es el pan diario. Los mexicanos no hemos entendido que la política es el arte de fijar metas colectivas y alcanzables para el bien general. Tampoco sabemos que el hombre político debe ser un “tejedor” que armonice los hilos sociales y no un estratega que busque los intereses de élite. Nuestra idea de política es totalmente contraria a la que en realidad es.

En el momento en que cada mexicano comprenda que la política no es sinónimo de ser “grillo”, o de destruir al contrincante, sino que se trata de construir para el bien común, las cosas comenzarán a cambiar en nuestro país. La tarea nos corresponde a cada uno de nosotros.

La autora es Lic. en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y estudiante de la Maestría en Pólíticas Públicas en EGAP. Comentarios: erikacervantes2003@hotmail.com