Tuesday, May 16, 2006

Grave error gubernamental frente al problema minero

Por Dra. Doricela Mabarak Cerecedo.


El violento encuentro que sostuvieron los mineros de la empresa SICARTSA y las fuerzas policiacas del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Michoacán en días recientes, en la ciudad de Lázaro Cárdenas constituyó, sin lugar a dudas, un grave error de ambos niveles de gobierno. Fue tal la violencia ejercitada por ambos bandos, que de parte de los mineros hubo la destrucción de numerosos bienes propiedad de la empresa y de particulares, y del lado del gobierno, se propició la muerte de dos mineros, por disparos de arma de fuego, salidas las balas de las armas de algunos policías. Además, en ambos bandos, que se enfrascaron en una penosa batalla de callejón, hubo numerosos lesionados.

Es bien sabido, hasta por simples estudiantes de la carrera de abogado, que la fuerza de la ley no se ubica en el ejercicio de la violencia, que la coacción jurídica no es la práctica de hechos violentos frente a la resistencia del infractor. Si se actúa con violencia, se estaría en todo momento, fracturando el orden legal.

Es cierto, al Poder Ejecutivo le corresponde aplicar la ley al caso concreto, en contra de las personas que la hayan violado. En este caso en particular, la situación fue la siguiente: La empresa SICARTSA obtuvo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, una resolución favorable al declararse ilegal el paro efectuado por los trabajadores que paralizaron sus actividades para apoyar a un líder que fue depuesto.

En este caso, el tribunal que emitió la resolución debió notificar ésta al líder local de los mineros. Los afectados tenían derecho de interponer, seguramente, otro medio de defensa en apoyo de la presunta legalidad del paro de labores efectuada, y después de transcurrido el plazo para la presentación de ese medio de defensa, si éste no se interpuso, o después de agotadas las defensas y ante la presencia de una cosa juzgada, es decir, definitiva, contra cuya resolución ya no haya ningún recurso que hacer valer, la autoridad procedería a ejecutarla.

Pero la ejecución aún en este caso, no es el ejercicio de la violencia, sino el actuario notificador del tribunal y, de ser necesario, ante la presencia de las fuerzas policíacas (de simple apoyo), se conminaría al representante legal de los mineros a hacer entrega de las instalaciones y a responder por los daños y perjuicios ocasionados a la empresa. Si como era probable, los mineros SE HUBIERAN NEGADO A HACER ENTREGA DE LAS INSTALACIONES A LA EMPRESA, las autoridades competentes levantarían las actas correspondientes a los delitos cometidos por quienes desobedecen mandatos legítimos de las autoridades, y harían las consignaciones penales ante un juez federal por los delitos de despojo, daño en propiedad ajena, desobediencia a mandamiento legítimo de autoridad competente y otros que le pudieran resultar a los individuos que figuraran como cabezas visibles de estos hechos delictivos.

Una vez obtenidas las órdenes de aprehensión, sólo resta esperar el momento oportuno para apresar a los responsables y ponerlos a disposición del juez. Esa es la fuerza del derecho manifestada a través de la coacción de la autoridad. La violencia no puede engendrar violencia. No puede un hecho ilícito responderse con otros hechos ilícitos. Esa es la grave responsabilidad de las autoridades gubernamentales en este penoso caso, y de ello deberán rendir cuentas a la sociedad.



La autora es Profesora-Investigadora en el Tecnológico de Monterrey. Comentarios:
dmabarak@itesm.mx

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