Tuesday, February 07, 2006

IFE de monitor a monitoreado...

Por Julián Torres Flores.

Las campañas electorales formalmente ya empezaron, los candidatos de ahora en adelante serán los protagonistas principales de la vida política del país. Por su parte, el Instituto Federal Electoral (IFE) tendrá que vigilar en los medios electrónicos cada paso que den, con el fin de fiscalizar adecuadamente los recursos asignados a cada partido político. En este sentido, los concesionarios y permisionarios juegan un papel interesante en la búsqueda por el poder, ya que por una parte transmiten los spot´s de los respectivos candidatos, pero por otra, los propios de la campaña institucional del IFE, los cuales promocionarán el voto, invitarán a los ciudadanos a que participen como funcionarios de casilla, entre otros mensajes.

Por lo anterior, es necesario hablar de los tiempos fiscales, que no son otra cosa que el pago en especie que hacen los concesionarios del impuesto por usufructuar un bien de la Nación. En el caso de la televisión pagan con 18 minutos diarios de transmisión, y de ellos, al grupo donde se encuentra el IFE, le corresponde 3.6 minutos diarios por canal, cuya asignación puede ir de un mínimo de 2 impactos diarios por canal, hasta un máximo de 7. Pero lo interesante es saber hasta qué punto los concesionarios y permisionarios han cumplido con lo estipulado en la Ley de Radio y Televisión (Ley), su Reglamento y el Decreto del 10 de octubre del 2002 (“decretazo”). En específico, si han coadyuvado en la transmisión de los mensajes del IFE, según el artículo 69 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

Una de las actividades primordiales del IFE para vigilar el destino de los recursos otorgados a los partidos políticos es el monitoreo de los medios electrónicos, regulado en el artículo 48 del COFIPE, cuya práctica comenzó en 1994 hasta la fecha.

En lo que va del proceso electoral, se ha realizado un monitoreo, y en estos momentos se encuentra desarrollándose el segundo de ellos, que comenzó el 19 de enero, finalizando el 2 de julio del 2006, según el documento “Principales Acciones adoptadas por el IFE para preparar el Proceso Electoral 2005-2006”.

La empresa contratada para el monitoreo fue Ibope. De esta manera, se emitió un documento con el monitoreo a la campaña institucional del IFE, en los canales de televisión abierta 2, 4 (Cd. De México), 5, 7, 9, 11, 13 y 22, del 1 de julio al 30 de noviembre de 2005. Sobra decir en cuáles televisoras se concentra el interés político y económico.

Cabe mencionar que, casualmente, la iniciativa de reforma a la Ley se encuentra actualmente en revisión por el Senado de la República. Al respecto, es claro que el IFE, en caso de aprobarse la Ley, será la instancia encargada de pagar la publicidad electoral durante los procesos electorales federales a los concesionarios y permisionarios de los partidos políticos con cargo a sus prerrogativas. En este sentido, va a adquirir una gran atribución dado que podrá negociar con éstos los costos, pautas de transmisión y horarios para alcanzar un mejor segmento de audiencia o público objetivo.

Según el documento de monitoreo, el total de spots transmitidos fueron de 4,735, los cuales representan 142,050 segundos o 2,367.5 minutos o 39.45 horas; mientras que debieron haberse transmitido 2,448 minutos o 40.8 horas, siendo la diferencia con el resultado de lo realmente transmitido de 80.5 minutos o 1.35 horas, que son 162 spots.
El desfase lo ocasionaron tres canales, porque cada uno debió haber transmitido un total de 612 spots. Dichos canales son los dos de TV Azteca, canal 7 con 537 spots y canal 13 con 529, y un permisionario, canal 11 con 544.

En este tenor, en el canal 7, con una programación de noticieros (Hechos del 7 – el costo por spot es de $367,279) el costo estimado de los 75 spots faltantes es de 27 millones 545 mil 925 pesos. Para el caso del canal 13 (Hechos noche – el costo por spot, varia según horario, es de $457,156) el estimado de los 83 spots faltantes es de 37 millones 943 mil 948 pesos. En el canal 11 todos los spots tienen un costo de $4,142, por lo tanto el estimado de los 68 spots faltantes es de 281 mil 656 pesos. ¿Qué es esto?, ¿un simple error del programador (dedazo) que se le olvidó pasar al aire los spots? o ¿incumplimiento fiscal por parte de los concesionarios que deben pagar por usufructuar un bien de la Nación, que en este caso lo pagan en especie con los 18 minutos diarios de transmisión? Yo opino que es la segunda, ¿no le parece?

El consorcio de Televisa, en todos sus canales, cumple con el número de spots a difundir por el total de los cinco meses. Pero, ¿será casualidad el acercamiento a finales del año pasado entre el Presidente del Consejo General del IFE, Luis Carlos Ugalde, con Emilio Azcárraga, concretizando dichos esfuerzos en convenio de colaboración para difundir diversos mensajes, como lo realizó Fundación Televisa? Si nos acordamos de la designación de dicho consejo por parte del legislativo, fueron las fracciones del PRI y PAN las que acordaron su conformación, dejando a un lado al PRD. Entonces, ¿será casualidad que el programa de Andrés Manuel López Obrador, denominado “La otra visión” sólo se transmita por Televisión Azteca? Usted puede ver cómo se acomodan las piezas en el juego por el poder, ¿meras casualidades o estrategias muy bien planeadas?

Si hacemos una comparación, el monitoreo muestra que se transmitieron spots fuera del horario estipulado en el Decreto. Televisa no respetó dicha situación en 3 ocasiones; TV Azteca en 42, y el canal 11 en 184. Esto apoya la tesis de un comportamiento evidentemente distinto por parte de Televisa y TV Azteca, y en menor manera de los permisionarios.

Ante estos datos duros y objetivos, los concesionarios y permisionarios evidentemente han violado las disposiciones en materia de radio y televisión, al no cumplir con el número de spots a programar y el horario de transmisión (6:00 a las 24:00 horas). Por otra parte, no cumplen con lo dispuesto en el COFIPE, artículo 46, párrafo 2, sobre las transmisiones en horarios de mayor audiencia, ya que fueron en su mayoría horarios que abarcaron de las 6:00 a las 16:59 horas, considerados como de baja audiencia.

Esta situación claramente perjudica al IFE en su función de estado. Ante esto, dicho Instituto público autónomo y la Secretaría de Gobernación no han realizado ningún acto para denunciar dichas anomalías en la programación y número de spots transmitidos, siendo que las campañas institucionales son parte fundamental para la consecución de los fines emanados de la constitución y del propio COFIPE. Con ello se estaría luchando por el respeto a la constitucionalidad y la legalidad en materia electoral.

En específico, tanto la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, a través de su Dirección de Difusión y Campañas Institucionales (donde se lleva a cabo la contratación de las agencias de publicidad y casas productoras para llevar a cabo las campañas institucionales), así como la Coordinación Nacional de Comunicación Social (área donde se llevan a cabo las gestiones ante la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación para la difusión de los spots), ambas del IFE, no han hecho ningún acto para subsanar la problemática del cumplimiento de las campañas institucionales, reguladas en el artículo 146 del COFIPE, tan importantes para difundir la cultura política democrática, la educación cívica, la promoción del voto y la participación ciudadana. Lo que está sucediendo es todo lo contrario, porque los funcionarios electorales se están durmiendo en sus laureles - o será que están esperando las discusiones a la “Nueva Ley de Radio y Televisión”- evidenciando el poder de los partidos políticos y los magnates de los medios de comunicación sobre el IFE. Así que, ¿dónde quedaron los principios rectores del instituto, es decir, la autonomía y/o la independencia?

También cabe cuestionarse sobre el excesivo gasto del IFE para llevar a cabo campañas de difusión, ya que para colmo de nuestros impuestos, se contrata una agencia de publicidad que realiza la creatividad y planeación de la campaña (costo: $6´916,000 pesos más I.V.A, según licitación pública número 00100001-008/2004), y además una casa productora que realiza los spots a difundirse (costo: $14355´,200 pesos más I.V.A, según licitación pública número 00100001-011/2004). Aunado a ello, se le paga a otra empresa para que implemente un monitoreo a dichos spots (¿para que contratar una empresa que realice el monitoreo si a la postre no se va a hacer nada para tratar de solucionar la problemática que muestra dicho estudio?). Y finalmente, se contrata una empresa para realizar, previo y después de la campaña institucional, estudios de opinión de los spots difundidos.

Esta enormidad de gasto público es inoperante si no impacta en la población o no se llega a la meta deseada. Y ya observamos cómo, tanto las metas administrativas como el marco legal en esta materia, son prácticamente inoperantes.

Yo no tengo la verdad absoluta. Esa hay que buscarla con la duda razonada y con el pensamiento libre. Las coincidencias no las pongo yo, sino la misma historia que teje su red, donde al final del camino se vislumbrarán las verdaderas intenciones de los actores que hoy en día están en el ojo del huracán.




El autor es Consultor en Derecho y Políticas Públicas. Actualmente estudia Derecho en el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Artículo publicado el 20 de enero de 2006 en el Diario de Colima, www.diariodecolima.com.mx (el artículo fue actualizado por el autor). Comentarios:
juliantf@canada.com

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