Wednesday, December 21, 2005

Gaceta Jurídica del Ciudadano

Hasta la cocina

Por Javier Oroz Coppel.

Debido al auge de la tecnología, los medios de comunicación han venido a sustituir a un ineficaz Estado que incumple su obligación de brindar seguridad jurídica y de hacer valer un saludable estado de derecho. De este estado sólo hemos oímos hablar y en ocasiones hasta lo hemos podido oler, pero en realidad no estamos seguros de su existencia. Así, actualmente nos hemos visto invadidos por exhibiciones cocinadas por diversos grupos de poder, en donde se evidencia, mediante grabaciones tanto de video como de voz, comunicaciones privadas entre distintos actores políticos y económicos, "cuajando" uno más de sus exquisitos platillos de corrupción. Por ello, ya resulta normal que cotidianamente observemos u oigamos, cómo dos "chefs" de la política nacional, se encuentran deglutiendo millones de pesos en sales y pimientas para preparar un platillo candidateable.

Pues bien, independientemente de que este medio ha sido eficaz para producir acidez y agruras a una población indignada que los observa, estas pruebas desafortunadamente serán (del deber ser) ineficaces para ser usadas dentro de un juicio. Tal cual lo lee estimado lector, una grabación de una comunicación privada no debe/puede ser usada como prueba en un tribunal de derecho y la razón es la siguiente: El artículo 16 párrafo noveno de la Constitución, consagra como garantía individual el derecho a la privacidad estableciendo en su texto que "las comunicaciones privadas son inviolables", por lo que inobservar lo anterior, nos lleva a cometer un grave ilícito constitucional. Por ello, la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente en contra de la libertad y privacía de las mismas, correspondiendo exclusivamente a un Juez Federal, a petición del Ministerio Público Federal (M.P.F.), esta labor. Es únicamente el M.P.F. quien podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, este órgano por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, qué tipo de intervención hará, que sujetos serán intervenidos y cuál será la duración de la misma.

Este precepto constitucional posteriormente advierte que la autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor, ya que de lo contrario los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. Cabe mencionar, que el Constituyente de 1917 no contempló el noveno párrafo del artículo 16 Constitucional, sino que fue hasta el 3 de Julio de 1996 en donde se reformó dicho artículo para añadir el texto recién aludido, mencionando en la exposición de motivos de dicha reforma: "……que la intervención de cualquier medio de comunicación privado, o bien la colocación secreta de aparatos tecnológicos, podrán ser autorizados sólo por la autoridad judicial federal, con lo cual su práctica se limita.…" , por lo que se dejó muy en claro que únicamente un Juez Federal puede intervenir una comunicación privada cuando así se sujete a las normatividad aplicable. Esta normatividad es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que en su articulo 16 párrafo tercero, conceptualiza que: "Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen en forma oral….", por lo que la ley al referirse a comunicación privada se refiere a: "…cualquier forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.".
Así las cosas, la receta de ilegalidad de hacer grabaciones ocultas o de intervenir comunicaciones privadas se va haciendo más evidente conforme acitronamos estos ingredientes jurídicos. Sin embargo, aún falta un toque especial a esta sazón.

Es cierto que las garantías individuales son una prerrogativa del gobernado hacia el Estado, es decir que se establecen dentro de una relación de supra a subordinación entre el Estado y el gobernado. Sin embargo, la Constitución consagra mediante la referida adición al artículo 16 Constitucional, el derecho a la privacidad y a la intimidad, al establecer que todas las comunicaciones privadas son inviolables, siendo obligatorio acatar y respetar dicho precepto tanto para el Estado como para los gobernados. Así, no sólo el Estado puede violentar las garantías y derechos establecidos en nuestra Constitución, sino que contrario a como lo afirman los grandes "gourmet" constitucionalistas, en nuestra opinión, también los gobernados pueden incurrir en un ilícito Constitucional, lo que lleva a que no sean admisibles como pruebas en un juicio (salvo de delincuencia organizada) una grabación de una comunicación privada.

De esta misma forma piensa la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dos condimentadas tesis afirma que cuando el legislador incluyó el párrafo noveno del artículo 16 Constitucional, estableciendo que las comunicaciones privadas son inviolables, resulta inconcuso que con ello estableció como derecho fundamental el que nadie puede intervenir una comunicación privada, salvo en los casos ya mencionados y, por tanto, la infracción de los gobernados a tal deber conlleva la comisión de un ilícito constitucional. Esto da lugar a que si un gobernado realiza la intervención de alguna comunicación privada sin el consentimiento expreso e irrefutable de los que la entablan, y acude con esta intervención como prueba dentro de juicio en cualquiera de sus especies, tal probanza debe estimarse contraria a derecho y, por tanto, no debe admitirse por el Juzgador correspondiente, pues ello implicaría convalidar un hecho que en sí mismo es ilícito.

Pues bien, como nota aclaratoria de este chef, esta lectura no pretende ser un aguafiestas del festín que nos hemos venido dando con la exhibición de nuestros políticos nacionales. Sin embargo, sí busca hacer conciencia de que si pretendemos acabar a través de figuras botaneras con el hambre de seguridad jurídica y sed de estado de derecho, debemos empezar por revisar cuales son los ingredientes con los que estamos cocinando nuestra legalidad. Provecho.



Javier Oroz Coppel, es abogado por la Universidad La Salle Noroeste. Comentarios: javieroroz@gmail.com

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