Wednesday, November 02, 2005

Gaceta Jurídica del Ciudadano

Fórmula Otero
Por Javier Oroz Coppel.

Frecuentemente escuchamos que alguien "se amparó" o bien, que promovió un amparo. Sin embargo, para el ciudadano regular resultan totalmente desconocidos los alcances e implicaciones que conlleva esta notable institución de nuestro sistema jurídico. El juicio de amparo, con independencia de las importantes implicaciones históricas por las que fue creado es, en el fondo, el más común y notable de nuestros controles constitucionales. Sin embargo, el aplicarlo exitosamente requiere que quien lo promueva sea exquisitamente técnico y un excelente procesalista, virtudes ambas de las que adolecemos la mayoría de los abogados.

Difícilmente encontraremos abogados que reconozcan esto último, sino que por el contrario, cobran grandes cantidades de dinero por promover y tramitar un amparo; con lo cual sin lugar a dudas estamos de acuerdo, siempre y cuando, quien lo promueva sepa lo que está haciendo. Para que usted lector se dé una idea de lo grave y común que es esto, muchos abogados se limitan únicamente a presentar amparos para conseguir que un juez federal conceda al quejoso una suspensión provisional (como en caso de una orden de aprehensión que sospechamos se nos va a ejecutar), misma que desaparece ya que el juez recibe los informes de parte de las autoridades y ha analizado el acto reclamado. Esto significa que quien le promueva el amparo muy probablemente no se comprometa a obtener una suspensión definitiva del acto de autoridad del que nos dolamos.

Ahora bien, el sistema actual por el que se rige el juicio de amparo permite que por un lado, funja como protector y defensor de nuestras garantías constitucionales frente a los actos de autoridad, y por otro, que sea un prominente y millonario negocio para los abogados y las múltiples firmas que operan en nuestro país y que promueven amparos contra leyes a granel.

Lo es así, ya que uno de los principios rectores del juicio de garantías es el llamado principio de relatividad de las sentencias de amparo o "Fórmula Otero". Esta fórmula (o principio) creada por don Mariano Otero, fue plasmada en la fracción II, in capite del artículo 107 Constitucional, y que a la letra reza de la siguiente manera: "La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare". Así las cosas, este enunciado significa que la sentencia que se dicte en el juicio de amparo, protegerá o aplicará única y exclusivamente a quien haya promovido el amparo en carácter de quejoso. O lo que es más, que si como resultado de esta sentencia de amparo se decreta que una determinada ley o acto de autoridad es inconstitucional, a pesar de que sea claro, público y conocido que no sólo afecta al quejoso sino que también existen otras personas en la misma circunstancia, la resolución que el juzgador federal dicte sólo beneficiaría al promovente.

La fórmula Otero que fue primariamente establecida en la Constitución yucateca de 1840, es la causante de que la justicia federal en nuestro país no tenga un efecto "erga omnes". Esto nos pude parecer que atenta en contra de la búsqueda natural de justicia que debe tener el Estado y, que por otro lado, sigue fomentando tanto la mediocridad en las decisiones de la autoridad y el que firmas de abogados sigan metiendo millones de pesos en sus arcas a costa de nuestra justicia.

La justificación teórica que atribuyen a la aplicación del principio de relatividad encausante de la fórmula Otero, es que si se le otorga al Poder Judicial Federal la facultad de anular los actos de autoridad y leyes que considere inconstitucionales, se pondría entonces a este Poder por encima de los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que llevaría a una confrontación entre poderes y al desequilibrio político (¡ja! como si no lo viviéramos a diario).

En respuesta, podemos argumentar que basta con darnos cuenta que en Estados Unidos la Suprema Corte ha decretado que la Constitución es la ley suprema en toda la Unión y que corresponde al Poder Judicial ser el órgano revisor de que se cumplimente en su totalidad la esencia por la cual fueron establecidas las garantías y derechos constitucionales; por lo que dada la fuerza que tienen el precedente y la jurisprudencia de la Suprema Corte en el ánimo del pueblo, basta que en un caso se haya declarado que una ley es anticonstitucional para que se desprestigie en forma general y no vuelva a ser aplicada, viéndose entonces el poder Legislativo obligado a abrogarla.

Imagine lector, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decreta que x o y impuesto es inconstitucional, sólo beneficiará al que haya podido pagar un abogado lo suficientemente bueno para ganar el asunto, y a los demás se nos seguirá cobrando algo que ya el máximo revisor de la Constitución dijo que es contrario a ella. Como ejemplo, tenemos el caso del artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, el cual establece el procedimiento para practicar el apeo y deslinde de un predio, mismo que en 1971, es decir hace 34 años, fue decretado por la Suprema Corte como de inconstitucional y que, no obstante, sigue vigente en la ley.

El tema es, sin lugar a dudas, complejo y agreste. No por nada aún a los abogados también nos resulta difícil de manejar con claridad. Lo que sí resulta claro es que actualmente no gozamos de un sistema de justicia generalizado y que, si éste perdura, no lograremos sacar a nuestras autoridades de la mediocridad en la que se encuentran imbuidas. La vigencia de la fórmula Otero en el juicio de amparo es, sin temor a afirmarlo, uno de los grandes temas faltantes en nuestra agenda política y jurídica a nivel nacional.




Javier Oroz Coppel es abogado por la Universidad La Salle Noroeste. Comentarios:
javieroroz@gmail.com

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