Sunday, October 02, 2005

Proselitismo de Fox

Por Jorge Armando Rocha G.


PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presidente Vicente Fox, a pesar de ser un jefe de Estado, no es imparcial en los procesos electorales que atraviesan su sexenio, lo que genera inequidad, además de que lastima a nuestra incipiente democracia.

PRIMERA PARTE: EL PRESIDENTE FOX EN CAMPAÑA
Es evidente que el presidente Vicente Fox ha tenido una participación electoral activa durante el presente sexenio. El antecedente más claro se remonta al proceso electoral del año 2003 cuando Fox emprendió una campaña de spots para “promover” el voto de los ciudadanos en general.

La oposición interpretó esta acción más como una forma velada de llamar a la ciudadanía a votar por el PAN el 6 de julio de ese año. Por su parte, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria del 25 de junio, argumentó que el artículo 41 constitucional establece que la organización de las elecciones federales es atribución del IFE y destacó que ante la falta de claridad sobre si era legal o no lo que hacía el presidente, era necesario interponer un recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Pero esto último era una amenaza que planteaba si es que el presidente no suspendía su campaña.

El acuerdo del consejo estableció: “Primero. Se instruye al consejero presidente para que solicite al titular del Poder Ejecutivo Federal, suspenda las campañas publicitarias relacionadas con la promoción del voto y la participación ciudadana durante los días previos a la jornada electoral del 6 de julio y durante la misma. Segundo. Se instruye al secretario ejecutivo para que en un plazo de treinta y seis horas…promueva un juicio de controversia constitucional en el caso de que el titular del Poder Ejecutivo Federal no cumpla con la solicitud”.
[1] Un día después, Fox, en una carta enviada al presidente del IFE, comunicó su respuesta positiva y canceló la campaña, aunque jamás aceptó haber violado la ley.

Casi exactamente un año después, el 5 de julio de 2004, un hecho confirmó, para muchos, que el presidente tenía como uno de sus objetivos beneficiar a su esposa, Martha Sahagún, en el siguiente proceso electoral de 2006. Alfonso Durazo, hasta entonces su secretario particular y director de comunicación, renunció al puesto y denunció mediante una carta pública el favoritismo político-electoral para ella. Escribió: “El Gobierno está actuando más bajo la lógica histórica del viejo sistema, que bajo la lógica de una etapa de transición…Pretender decidir desde el Gobierno quién será el próximo Presidente, como quién no debe ser, fue el pecado original del viejo régimen…valoro que si bien hay condiciones para lograr la continuidad de Acción Nacional como partido en el poder, no existen en cambio condiciones propicias para la candidatura presidencial de la Primera Dama; ciertamente, el País ha avanzado políticamente; tanto, que está preparado para que una mujer llegue a la Presidencia de la República, sin embargo, no está preparado para que el Presidente deje a su esposa de Presidenta"
[2]. Los dichos de Durazo tuvieron más credibilidad mientras pasaron los meses ya que no buscó con esa denuncia un puesto en algún otro partido o una posición de poder, en suma no se convirtió, como él mismo dijo, en un “francotirador” de alguien más. Lo que aún es una incógnita es hasta qué punto esta revelación produjo el desistimiento de Sahagún para no contender por la presidencia.

En días más recientes, en medio de otros procesos electorales (esta vez locales), se dio un detonante que es un claro indicativo de que Fox participará en el proceso federal electoral de 2006. El presidente, el 4 de junio en Boca del Río Veracruz, invitó a los panistas de todo el país a celebrar el triunfo de la democracia, que según él se produjo con su triunfo electoral del 2 de julio de 2000. Después rectificó, argumentando que sería un evento para toda la ciudadanía. Otra vez, para la oposición, este evento significaba un acto partidista, pues el sábado 2 de julio de 2005, día de la celebración convocada, era un día antes de las elecciones para gobernador en el Estado de México y Nayarit.

Esta polémica permitió que Fox se explayara y dejara en claro cuál es su visión sobre su papel en los comicios federales. Con tal de defender su invitación, el 21 de junio de 2005, durante una vista de Estado a Rusia y en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, Fox declaró: “Antes el arbitraje lo hacía la propia Presidencia de la República, y ya ustedes conocen lo que es ser juez y parte, siempre se despachó con la cuchara grande y siempre ganó el PRI, por 70 años…Pero aquella situación anterior generó un fuerte sentimiento de culpa en el Presidente de la República. Entonces, mientras metía la mano en el proceso electoral y en las urnas, presentaba una cara de no participación e injerencia en el proceso electoral
[3]. Ante estudiantes, en ese mismo espacio añadió:“Y entonces este doble juego generó una cultura, que a mí no me parece democrática, y que es la que hoy defienden algunos, o exigen algunos, de que el Presidente de la República no debe de defender públicamente su proyecto de Gobierno, o que el Presidente de la República, no puede afirmar que es miembro de su partido político, o que el Presidente de la República no debe de promover los principios y valores de su partido político…Yo pretendo hacer eso en este proceso electoral, sé que voy a contracorriente, sé que esa cultura está muy reafirmada en México, y se insiste que el Presidente de la República debe de estar por encima y continuar siendo el árbitro del proceso electoral”[4]. Sin duda, estas palabras expresan con mayor claridad qué es lo que pretende hacer Fox en el proceso electoral de 2006, aunque buena parte de sus argumentos son debatibles y se analizarán más adelante.


SEGUNDA PARTE: ¿EL PRESIDENTE ESTÁ IMPEDIDO LEGALMENTE?

El presidente puede hacer campaña sus subalternos no

Cuando toma posesión, el presidente de la República protesta, ante el Congreso, hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y mirar en todo por el “bien y prosperidad de la Unión”, según el artículo 87 constitucional. Es importante tener esto en cuenta porque significa que el presidente debe velar por la prosperidad del Estado en su conjunto.

No obstante, según la constitución, en su artículo 108, “el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”
[5], lo que le da un amplio margen de acción respecto al proceso electoral nacional, ya que no puede ser juzgado en términos del Código Penal Federal. En este sentido, no hay restricción legal que impida al presidente invitar a los ciudadanos que voten por el PAN, ya que de cualquier manera no podría ser juzgado, a pesar de ser un servidor público.

La ley sí limita a los subalternos del presidente. Cualquier trabajador, desde secretario de Estado, hasta el puesto más bajo de la Administración Pública Federal, puede incurrir en un delito si trabaja para determinado candidato. El artículo 407 del Código Penal Federal indica: “Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que: I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir votos a favor de un partido político o candidato”
[6]. Ese mismo artículo en su fracción IV, destaca que recibirá la misma pena aquél servidor que “proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal”. Es decir, en el caso de que Fox ordenara a sus servidores a impulsar a su candidato, quienes serían sujetos a sanciones serían lo que operan esa decisión. De alguna manera, esto limita al presidente pues no muchos servidores se arriesgarán a ser los que paguen las consecuencias de sus actos.

Ahora bien, el monopolio de la organización de las elecciones federales está a cargo del IFE. El artículo 41 de la Constitución, en su fracción tercera es muy claro: “La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos”
[7]. En este sentido, dicha fracción, excluye al Poder Ejecutivo de la organización de los comicios. Por eso, sería imposible que alguien le pidiera al presidente que fuera árbitro de la contienda, como él mismo sostiene que se lo han solicitado. Cabe destacar, que dentro de la institucionalización de la democracia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el encargado de resolver las impugnaciones que pudieran surgir de la siguiente elección presidencial.


TERCERA PARTE: ¿ES SANO PARA MÉXICO QUE EL PRESIDENTE HAGA CAMPAÑA EN EL 2006?
El sistema presidencialista mexicano tiene una serie de complejidades por las que un presidente no debe hacer campaña. Una de las variables más trascendentes, que se da en el caso mexicano, deriva de la naturaleza del presidencialismo mismo. Como señala Juan J. Linz, “los presidentes se eligen por un periodo fijo en el cargo, un periodo durante el cual están excluidos del tipo de cambio que producen crisis de gobierno y la sustitución de un ejecutivo por otro. Esto supone una rigidez en el proceso político que hace todo reajuste en situaciones cambiantes extremadamente difícil; un líder que ha perdido la confianza de su partido o de los partidos que han apoyado su elección no puede ser remplazado” (Linz, 1994, p. 39).

Desde esta perspectiva hay dos niveles de análisis que interesan para el momento político actual en nuestro país. Primero, la no existencia de la reelección presidencial implica que Vicente Fox, presidente en turno, no tiene motivos para hacer campaña. No aspira a quedarse otros seis años en el gobierno. Segundo, no está en una situación de peligro en la cual, por vías violentas o legales se busque su remoción. Es decir, no tiene que justificar su condición de presidente por vías propagandísticas ante la opinión pública, pues la legitimidad de su posición política la obtuvo de las urnas.

Cabe destacar que en México, si bien está a debate el principio de no reelección presidencial, éste tiene sus orígenes en la lucha por la democratización y por ello se vincula la no reelección con la democracia. Así, por ejemplo, el sufragio efectivo y la no reelección fueron banderas de lucha contra el longevo régimen de Porfirio Díaz.

Otra de las razones por la cuales el presidente Fox no debe hacer campaña es que la naturaleza misma de su puesto implica que sea jefe de Estado y jefe de gobierno. Sus simpatizantes panistas pueden argumentar que “el presidente es el representante de una clara opción política, de una opción partidista y de su electorado” (Linz, 1994, p. 62) Sin embargo, esta sería una opción sesgada y por tanto no suficiente para justificar su presencia en la campaña política previa al término de su mandato. En todo caso, la plataforma política-partidista que lo llevó al gobierno la ejecuta durante su administración, pero de ahí a que eso implique que se convierta en un líder de campaña hay una distancia abismal. Es necesario abundar en ello. Es claro que un partido es una parte del Estado. La definición mínima que construye Giovanni Sartori es la siguiente: “Un partido es cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que presenta a las elecciones, y puede sacar en elecciones (libres o no) candidatos a cargos públicos”. (Sartori, 1992, p.89). No cabe duda que Fox viene de un grupo político pero cuando obtuvo el triunfo, el puesto mismo lo coloca en una posición más elevada, la de jefe de Estado. La idea democrática del Estado significa por sí misma una unidad social y política. En este sentido el presidente representa al todo y no a una parte. Y como indica Robert Dahl, “el Estado es potencialmente peligroso por poseer la capacidad de coacción. A fin de asegurar que utilice esa enorme potencialidad de coacción para el bien público y no para el perjuicio público, es infinitamente más importante que el Estado sea democrático”. (Dahl, 1992, p. 54) Por ende, podemos inferir que un gobernante democrático es aquél que se enfoca al beneficio público en su conjunto y no en el bienestar para una facción. En esto coincide José Woldenberg cuando enfatiza que la actuación de “la presidencia de la República, como jefe de Estado, consiste en velar por el más auténtico interés nacional, colocándose no sólo a la debida distancia, sino por encima de la disputa electoral, al encabezar no sólo al gobierno, sino al Estado Mexicano”.
[8] Nadie le pide al presidente, como él mismo cree, que sea el “arbitro” de la contienda, atribución plena del IFE, sino que esté por encima y no dentro del proceso, situación que es muy distinta y no comprende.

Hay quien puede pensar que el presidente cuando acompaña a su partido y candidato en la elección inmediata está jugando con un arma de doble filo, ya que si lo hizo mal durante el gobierno, a su candidato, cuando lo vincula a un mismo proyecto político, más que ayudarle, le perjudica. Sin embargo, hay otro elemento que distorsiona a cualquier democracia: la inequidad. Los candidatos y partidos deberían tener la posibilidad de acceder al poder en función de sus propios méritos y no en función de ciertos beneficios a los que puedan acceder desde el poder mismo. El presidente tiene una enorme capacidad de presión discrecional sobre ciertos actores que inciden directamente o indirectamente en el resultado de las elecciones. Tiene la capacidad de intercambiar privilegios a favor de empresarios por financiamiento directo a la campaña de su partido y también de conceder mejores condiciones de operación y nuevas concesiones a los medios de comunicación a cambio de espacios que favorezcan abiertamente a la oferta política de su preferencia.

Esto no quiere decir que el presidente sea el único actor capaz de incidir para generar un proceso falto de equidad, pero en su calidad de jefe de Estado es el primer obligado en velar por las reglas democráticas.



Bibliografía

-Dahl, Robert. (1992), La democracia y sus críticos, España, Paidós
-Bobbio, Norberto. (2000), Diccionario de ciencia política. México, Siglo Veintiuno Editores
-Burgoa, Ignacio, (2002), Derecho constitucional mexicano. México, Editorial Porrúa
-Sartori, Giovanni. (1995), Partidos y sistemas de partidos. España, Alianza Editorial

Páginas electrónicas:

-Periódico Reforma (www.reforma.com)
-Periódico El universal (
www.el-universal.com.mx
-Diario La Jornada (www.lajornada.com.mx)
-Diario Milenio (
www.milenio.com.mx)
-Instituto Federal Electoral (www.ife.gob.mx)
-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (www.trife.gob.mx)




El autor es Licenciado en Ciencia Política y actualmente cursa la Maestría en Análisis Político y Medios de Información en el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Forma parte del equipo Fórmula Detrás de la Noticia. Comentarios:
jorge_rocha_@hotmail.com


[1] En www.ife.org.mx
[2] Carta de Alfonso Durazo tomada de www.reforma.com
[3] En www.presidencia.gob.mx
[4] En www.presidencia.gob.mx
[5] Véase Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2005
[6] En http://www.pgr.gob.mx/otros_delitos/fepade
[7] Véase Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2005
[8] En Acta de la sesión extraordinaria del IFE del 25 de junio de 2003

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