Sunday, October 02, 2005

¡Ahí les va el agua!

Por Javier Oroz Coppel.


Esta popular y prosaica frase debió de haber sido agregada al Decreto por el que se adicionaron, reformaron y agregaron diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales y que ha servido como punta de lanza para que la "Autoridad del Agua" aplique una serie de sanciones a los infractores de esta sinuosa ley.

De las leyes de las colonias brotaron como manantiales los principios que establecían una naturaleza común a la propiedad del agua, principios que empaparon a las diversas Constituciones hasta llegar a la de 1917 en donde el constituyente fue más allá al establecer que la propiedad de las aguas dentro del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual nos hace el "favor" de transmitirnos el dominio a los particulares para constituir así la propiedad privada. Sobre esta base jurídica han venido en cascada, a través de los años, una serie de reglamentaciones que han normado el uso del agua por todos nosotros: Ley de Irrigación de 1926, Ley Federal de Aguas de 1972, Plan de Aguas Nacionales de 1975 y la creación de la Comisión Nacional del Agua en 1985, por mencionar algunas. Estas cascadas legislativas han sido determinantes para conformar la estructura institucional en materia de aguas, principalmente en cuanto al uso agrícola de la misma. Así la desembocadura de estas torrentes legislativas la encontraremos en la oceánica Ley de Aguas Nacionales que en su fondo proviene de la Ley Francesa sobre el Agua de 1964.

En cuanto a la Ley de Aguas Nacionales tenemos que algunos de sus múltiples caudales normativos regulan el uso agrícola, estableciendo que todos aquellos ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que sean titulares o poseedores de tierras agrícolas o ganaderas, dispondrán del derecho de explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que se le hubieren concesionado, debiendo para ello aglomerarse (o más bien empantanarse) en las náufragas asociaciones que componen a los Distritos de Riego.

Ahora bien, conforme a la reforma a dicha Ley, la autoridad del agua podrá sancionar a los concesionarios, entre otros muchos supuestos, por no instalar, conservar, reparar o sustituir los dispositivos necesarios para el registro o medición de la cantidad y calidad de las aguas; es decir, el no contar con el mecanismo de medición de los volúmenes de aguas explotados, usados o aprovechados. Para verificar lo anterior, la autoridad del agua tiene la facultad de inspeccionar, hacer reconocimientos, verificaciones y fiscalizaciones que deberán encausarse de acuerdo a los precisos y oceánicos lineamientos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Esto es: que el acto de molestia sea expedido por un órgano competente a través del servidor público; que el acto a realizarse, y que evidentemente siempre nos será molesto, tenga un objeto determinado; que además de cumplir con un interés público se haga constar por escrito y con firma autógrafa de la autoridad que lo expida; encontrarse fundado y motivado de acuerdo a la ley y los hechos; ser expedido sin que exista error alguno en cuanto al expediente al que pertenece; que haya sido debidamente notificado; que se hayan expresado los recursos a los que tiene derecho acudir el afectado, entre otros muchos más factores a cuidar y que son armas para todo aquel que es sujeto a revisiones administrativas por parte de la autoridad del agua.

Si se nos viene el mar encima y la autoridad del agua, después de su revisión, establece que nos hemos ahogado en los supuestos sancionables, nos puede aplicar una infracción, la cuál podría ascender hasta la friolera cantidad de novecientos mil pesos de multa tomando en cuenta la gravedad de la falta, las condiciones económicas del infractor, la premediación de la infracción. Y si es que se trata de un caso de reincidencia, como salvavidas de dicha marejada que nos cause agravio, podremos acudir a la interposición de un recurso de revisión mismo que deberá de ser interpuesto ante el Director General del Organismo de Cuenca de competencia en la región o bien, vía jurisdiccional que en este caso es el Juicio de Amparo.

Infractores o no, a todas luces el uso del agua es un tema complicado, como lo refleja su normatividad misma que tiene una profundidad difícil de bucear, aún cuando se cuente con la ayuda de un abogado especialista en materia administrativa. Además, tratándose de un tema tan delicado, se antoja que las sanciones que se contemplan sean unos verdaderos maremotos que, en caso de ejecutarlos, arrasarían con el patrimonio de cualquier concesionario que, por ignorancia o infortunio, haya incurrido en su violación. Ojalá y si esto pasa alguien nos avise: ¡ ahí les va el agua!



Javier Oroz Coppel, es abogado por la Universidad La Salle Noroeste. Comentarios:
javieroroz@gmail.com

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