Monday, September 05, 2005

Regularización de Vehículos Ilegales: Motivo de una grave Responsabilidad Social Gubernamental

Por Dr. Rogelio Martínez Vera.


La responsabilidad social no es de ninguna manera privativa de las empresas, puesto que también los órganos de autoridad pertenecientes al gobierno en sus diversas estructuras y niveles, son susceptibles de incurrir en responsabilidad frente a la sociedad por conductas positivas o negativas de los servidores públicos que dañen o que lesionen a dicha sociedad cuando incumplan con sus obligaciones legales o, aún cuando actuando dentro de las facultades discrecionales que las leyes les otorgan, las utilicen de tal forma, que incumplan con reglas importantes existentes dentro de la ética gubernamental que exige que los gobernantes, con su actuación, propicien y alienten la realización del bien común, de la justicia y de la equidad.

En consecuencia, la emisión de actos de los órganos gubernamentales que dañen o amenacen con ocasionar un daño a la mayoría de los miembros de la sociedad civil constituye una grave violación no sólo al estado de derecho, sino también a la moral gubernamental, la cual debe estar presente en todas las formas de conducta de nuestros gobernantes. Las exigencias de una adecuada ética republicana, fueron violadas precisamente por el Presidente de la República, al expedir el decreto del lunes 22 de agosto, mediante el cual se acordó que, a través del pago de cantidades verdaderamente simbólicas, las personas que han introducido vehículos extranjeros de manera ilegal al país, pueden regularizar su situación delictiva (la ley fiscal aplicable asimila estos actos, al delito de contrabando).

Ante airadas protestas de grandes sectores de la sociedad, que consideraron arbitraria, irracional e ilegítima esta resolución, el Presidente declaró que los efectos de este decreto “eran favorables para todo el país, puesto que con él, resultaba que para TODOS, la medida se transformaba en un ganar, ganar”.

Esta afirmación es a todas luces falsa. Ganaron los contrabandistas, las personas que cometieron delitos al comercio exterior, previstos y sancionados por el Código Fiscal de la Federación; ganaron las mafias que venden protección a los contrabandistas de vehículos. Obtendrán una pírrica ganancia las entidades federativas y los municipios en virtud de que ellos van a aprovechar las contribuciones aduaneras, determinadas por las autoridades al margen de las leyes de impuestos al comercio exterior, y ganarán también, por el cobro de los derechos vehiculares. Ya tendrán tiempo las autoridades locales de arrepentirse cuando se enfrenten al caos vehicular en las ciudades y caminos, y a todos los problemas que surjan con motivo de esta intensa chatarra automotriz de la cual nos vamos a llenar, por virtud de que en un inusitado acto de “desprendimiento” y “magnanimidad”, el Presidente abrió la frontera para que ingresen en lo sucesivo, vehículos de más de diez y hasta quince años de antigüedad.

Pero el Jefe del Ejecutivo y los gobernantes dependientes de él, deberían preguntar a diversos sectores de la población si están de acuerdo en que se desquicie la industria automotriz, que da sustento a millares de trabajadores; en que se desplome el mercado de vehículos usados nacionales, y en que los numerosos millones de propietarios de vehículos veamos depreciados, de manera intempestiva, los bienes automotrices de nuestra propiedad adquiridos en el país y de manera legítima. Por otra parte, el daño ambiental por la contaminación de vehículos usados en mal estado que se regularizarán y que entrarán al país en el futuro, constituirá un grave detrimento a la sociedad en su conjunto

Pregunto señor Presidente: ¿En verdad cree usted que la resolución ilegal, antiética y que constituye una causa grave de responsabilidad social se traducirá para TODOS en un ganar ganar?



El autor es Doctor en Derecho con especialidad en Finanzas Públicas y actualmente se desempeña como Director General del Centro de Responsabilidad Social Corporativa (CRESOC) en Monterrey, N.L. y Director del Centro de Investigación Jurídica del Tec de Monterrey, Campus Monterrey. Comentarios a:
rmartinez@cresoc.com o rmartinez@itesm.mx

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