Monday, September 05, 2005

La trata de personas en México, su integración al marco jurídico nacional

Por Julián Torres Flores.

El Estado Mexicano tiene la obligación de ver por el desarrollo social, político, económico y cultural de los mexicanos. En este sentido, el respeto a los derechos humanos, a través de un Estado de Derecho, es primordial para lograr dichos objetivos.

Para ello, se han realizado un sinfín de esfuerzos para concretizar un marco jurídico nacional que coadyuve al respeto de los derechos humanos, mediante la adopción y ratificación o adhesión de instrumentos jurídicos internacionales, así como las reformas, adiciones o derogaciones a los respectivos ordenamientos, ya sean de carácter federal o local.

En esta tesitura, una de las prácticas que va en detrimento de los derechos humanos, en especial de las mujeres y menores, es la trata de personas, que se define, según el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”(Protocolo) ratificado por el Estado Mexicano el 4 de marzo de 2003, como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.”

Pero este no es un fenómeno nuevo. Si observamos, México se ha adherido a Convenciones, Convenios y Protocolos Internacionales desde hace ya varios años, como las correspondientes: Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores (10 mayo 1932), Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad (3 mayo 1938), Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (21 febrero 1956), y más recientemente la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (4 marzo 2003) y su respectivo Protocolo. Pero no podemos dejar de mencionar dos instrumentos que han sido significativos en la lucha por la protección jurídica de la mujer, que son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW- ratificada el 3 de septiembre de 1981), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará- ratificada el 12 de noviembre de 1998), la primera de carácter global y la segunda regional. Cabe mencionar que la Belem do Pará es el único instrumento internacional a nivel regional que regula la violencia en contra de las mujeres.

Como podemos observar, el interés por combatir dicha práctica se ha encontrado en las agendas de los gobiernos de la República desde hace ya varios años, sin embargo, contrasta radicalmente con la realidad actual y con el marco jurídico de cada uno de los Estados y del Distrito Federal.
Por una parte, en el plano práctico, la situación de la mujer tiene matices preocupantes según las estadísticas del INEGI. El 83 por ciento de los niños que nacen en el país son hijos de madres que no se encuentran dentro de la población económicamente activa (PEA), o que el 46 por ciento de la PEA femenina sólo gana de 1 a 2 salarios mínimos, o que el 58 por ciento de las madres sólo terminó la educación básica, mientras que sólo el 8.6 por ciento tiene una educación profesional, o más grave aún, que el 46 por ciento de mujeres de 15 años o más tienen al menos un incidente de violencia en los últimos doce meses, dando como resultado que durante el 2003, al menos 4 de cada 10 mujeres del país fueron víctimas de violencia.

Así, podemos observar que derivado de situaciones de desventajas económicas y sociales, es más propicio que las mujeres o menores caigan en los supuestos de la trata de personas.

En cuanto al punto de vista jurídico la situación no es menos preocupante, ya que en tan sólo 8 Códigos Penales Estatales (Quintana Roo, Guerrero, Coahuila, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Veracruz), el del Distrito Federal, y el Federal, se tipifica el delito de trata de personas. La problemática se profundiza si observamos cómo se integra a dichos ordenamientos.

No hay congruencia en las conductas a sancionar, entre el Protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los ordenamientos mencionados.

Por otra parte, algunos de esos Códigos la asocian con el delito de lenocinio, disponiendo las mismas conductas entre estos dos delitos. Pero también, todos los ordenamientos que tratan sobre dicho delito, se refieren a la explotación sólo en relación a la prostitución. La explotación se debe referir en sentido amplio y no restrictivo, tal como lo define el Protocolo en cuestión, que menciona sólo los mínimos, en los cuales entra el supuesto de explotación, como la explotación de la prostitución ajena, otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre y la extracción de órganos.

De los Estados que contemplan la trata de personas, sólo Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo y Sinaloa, estipulan de manera separada el delito de trata de personas con respecto al lenocinio, pero, entre sus respectivos códigos penales describen las mismas conductas, que son las de promover, facilitar, conseguir y entregar. Cabe destacar que ninguna de ellas está a lo normado por el Protocolo.

Por otra parte, los Estados que tienen en una misma figura típica al delito de lenocinio y de trata de personas son los códigos penales de Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco y el correspondiente a nivel federal.

Cabe destacar el caso de Coahuila, que a pesar de disponer un mismo capítulo para lenocinio y trata de personas, sí hace la distinción entre ellos, por lo que es sui generis en cuanto a que, si bien, los dispone en un mismo capítulo, en distintos artículos creó las figuras típicas correspondientes.

El código penal del Estado de Tabasco, aparte de estipular juntos al lenocinio y la trata de personas, tiene una definición escueta, ya que sólo menciona que se sancionará “al que obtenga algún beneficio económico explotando de cualquier forma el comercio carnal de las personas”.

Cabe también mencionar que el problema en la legislación mexicana con respecto a la trata de personas es de inconsistencia terminológica, y que también hay otros ordenamientos jurídicos que contemplan algunas conductas de la trata de personas según el Protocolo, como la Ley General de Población, Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños y los Adolescentes y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, todavía falta un largo andar para tener un marco que regule, prevenga y sancione la trata de personas, así como su correcta homologación con los diversos tratados que México a ratificado.

En este sentido, considero necesario, antes que nada, tipificar en los códigos faltantes el delito de trata de personas. Por otra parte, se requiere hacer un esfuerzo político para que en las legislaciones de los Estados, en la Asamblea Legislativa del D.F. y en el Congreso de la Unión, se homologue la legislación interna con lo dispuesto en los instrumentos internacionales.

Dichos cambios en la legislación, tienen que ubicar al delito de trata de personas en un capítulo distinto, tomando en cuenta el bien jurídico tutelado.

No debemos dejar atrás la parte de la administración pública, ya que para llevar a cabo una eficiente y eficaz solución al problema en general en materia de derechos humanos de la mujer y menores, se deben de establecer políticas públicas congruentes con el marco jurídico.

Por último, hay que destacar el papel que juega la sociedad civil actualmente, ya que ejerce presión para las reformas legislativas correspondientes y es parte activa del sistema de asistencia social que coadyuva en la prevención y solución del problema.

Por lo anterior y a pesar de los esfuerzos por combatir las prácticas que van en contra del desarrollo armónico de la sociedad, no hay que dejar de proponer las medidas adecuadas para que no tengamos sólo un Estado de leyes que se queden pasmadas en el papel, sino que en la práctica se reflejen los resultados en el combate a la trata de personas.



El autor es Licenciado en Administración Pública por la Universidad de Colima. Cuenta con estudios en Ciencia Política por la Universidad de Brandon, Canadá y labora en un proyecto en materia de derechos humanos para la SER y el PNUD. Actualmente estudia Derecho en el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Comentarios:
juliantf@canada.com

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