Tuesday, August 02, 2005

La inevitable distancia entre la sociedad y el Estado

Por Julián Torres Flores.

En México hay gente ordinaria que vive tiempos extraordinarios. Esta situación nunca antes vivida, dadas las condiciones sociales y políticas únicas por las cuales atraviesa el país, se vuelven por una parte, un anhelo y esperanza de buscar un nuevo equilibrio en la república, pero también un estancamiento y sufrimiento de la vida democrática nacional.

Muchas son las preguntas que se hacen ante esta situación social y política: ¿Cómo ha sido el actuar de los gobernantes?, ¿qué tan afectado está el conjunto de valoraciones que nosotros tenemos sobre los procesos políticos y las formas de participación que desarrollamos?, ¿hay en nuestro país un nivel suficiente de capital social capaz de sostener el riesgo de ingobernabilidad?, ¿en que estado se encuentra la relación entre gobernados y gobernantes?, ¿hay un distanciamiento entre estos dos?, ¿por qué están afectadas las normas de reciprocidad y cooperación, necesarias para la construcción ciudadana y el logro de consensos?, ¿tendrán los actores políticos y las instituciones gubernamentales la capacidad para satisfacer las exigencias sociales actuales?, ¿cuál es el rumbo que está tomando México ante los acontecimientos políticos y sociales?, ¿hasta cuándo veremos posible el termino de la frase del escritor italiano, Guiseppe Tomasi de Lampedusa, quien en su novela El Gatopardo mencionó: “que todo cambie, para que todo siga igual”?.

Al respecto, podemos ver que la cultura política, confianza social, credibilidad política y participación ciudadana son condiciones idóneas para cimentar un capital social, definido éste como la capacidad que nace a partir del predominio de la confianza en una sociedad determinada o en determinados sectores de ella, y además, fomentar la gobernabilidad democrática, el progreso de la nación y por supuesto ir en el camino correcto hacia la consolidación democrática.

Pero la realidad es otra, ya que los escándalos, descréditos y descalificaciones entre los actores políticos, y más aún, la incapacidad que tienen las instituciones de gobierno de solucionar las crecientes demandas sociales, tales como seguridad, empleo, desarrollo económico y ética en la política, por mencionar algunas, sumado al escepticismo político, provoca que, prácticamente, no exista la suficiente confianza social hacia las instituciones; falta de credibilidad política hacia las personas quienes gobiernan el país; poca participación ciudadana en los procesos electorales, y como define Norberto Bobbio, se genera una “espiral de ingobernabilidad”, donde se forma un circulo vicioso, ya que entre más estancamiento exista mayor dificultad hay para que el gobierno tenga las capacidades suficientes para afrontar los problemas.

En este aspecto, hay varias encuestas que muestran la tendencia a la baja de los niveles de confianza social y credibilidad política.

La 2ª Encuesta Mundial de Valores, realizada en 1990, ubica a México en un lugar intermedio, con países como Finlandia y Estados Unidos. La Encuesta Legitimidad comparativa de principales instituciones en la Zona Metropolitana, de 1999, menciona que los partidos y organizaciones políticas mostraron una escasa confiabilidad social, entre un 51% y 61%. En otro aspecto, la Encuesta Nacional de la Juventud (2000), hace evidente que los jóvenes no confían en el gobierno (83%), ni en los políticos (54%). Otra encuesta, es la de ciudadanos y cultura de la democracia: reglas, instituciones y valores de la democracia (2000), cuyos resultados mostraron una baja participación e interés en la política, además de una mala imagen de las instituciones. Otra Encuesta es la Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (2001), la cual menciona que la política es percibida como ajena a la vida cotidiana de la mayoría de los mexicanos, ya que la actitud predominante es de apatía o indiferencia. En cuanto a las Encuestas del Latinobarómetro (“1996-2002”, “2004”), en conjunto muestran resultados de apoyo a la democracia, que van de 1996 con el 51% hasta el 2001 con el 48%, pero también hace alusión a que el contexto está marcado por la pérdida de la credibilidad, ya que los partidos políticos no tienen una relación directa con la sociedad. En este sentido, la 2ª Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (2003), muestra que los mexicanos no confiamos en nuestras instituciones formales, y que el cambio político no ha generado los niveles de confianza suficientes, ni ha propiciado la construcción y consolidación de una cultura democrática y de la legalidad. La Encuesta Cultura de la Constitución en México (2003), muestra los niveles de confianza en las instituciones y actores políticos y sociales muy bajos. Por último, la Encuesta La Naturaleza del Compromiso Cívico (2004), revela que la sociedad ve con pesimismo el presente político, y el interés en la política es bajo, con un 56.6% de poco interés; por otra parte, los entrevistados consideraron que la política influye poco en su vida diaria, aunado a una mala imagen y desconfianza hacia el poder y la autoridad.

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la ética en la política, idea que debe ir en congruencia con la de legitimidad y eficiencia. Se habla de la primera, según S.M. Lipset, en cuanto a la capacidad que tiene el sistema para mantener la creencia que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad; en segundo término, eficiencia es el cómo de las tareas realizadas y el desempeño del gobierno.

Por lo anterior, la ética vertida en la cuestión pública, es parte fundamental para el correcto funcionamiento del sistema político, ya que se conduce con valores y normas, pero también al conducirse un individuo con ética en la política, se genera mayor legitimidad, ya que hay una reciprocidad, tanto del gobierno para la sociedad como de ésta para el gobierno, por lo tanto, provoca un aumento en la eficiencia gubernamental.

Por otra parte, desde el punto de vista del fenómeno de la transición democrática, vemos adelantos como la conformación de un órgano imparcial y objetivo que organiza y desarrolla los procesos electorales, tanto locales como federal; una justicia que resuelve conflictos electorales; pluralismo en la conformación del Congreso de la Unión; elección popular directa del gobierno capitalino; mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, y por supuesto el desarrollo de la sociedad civil en cuanto a la participación en los asuntos públicos del país.

Aunque existan estos adelantos democráticos, persisten obstáculos que impiden avanzar hacia la consolidación democrática mexicana. Uno de ellos es el gobierno dividido, ya que dejando a un lado el pluralismo ideológico, no coadyuva con la estabilidad y eficiencia gubernamental, provocando una situación de estancamiento y parálisis por la falta de consensos. Al respecto, no hay mecanismos jurídicos que prevean la solución legislativa, un ejemplo es el proceso para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que no se dispone legalmente de una solución para resolver sobre la problemática de las futuras aprobaciones de los recursos provenientes de los ejercicios fiscales, siendo el sistema vulnerable ante los acontecimientos políticos.

Además, el diseño constitucional que tenemos en la actualidad fue creado para acabar con el autoritarismo del régimen anterior pero no para desarrollar uno democrático. En este sentido, el sistema mixto de representación existe desde la época de liberalización (1977); además, no hay un método efectivo de rendición de cuentas para partidos políticos a pesar de haberse aprobado el Reglamento que establece los lineamientos relativos a la disolución, liquidación y destino de los bienes de los partidos políticos nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el IFE y el acuerdo para fiscalizar las precampañas, ya que es sólo una apariencia de avance en materia de fiscalización, pero no habrá un desarrollo real mientras no se aprueben por parte del órgano legislativo nuevas reglas y se reformen las normas electorales y financieras para una mejor transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.

Por último, no hay un instrumento jurídico-político para que el Congreso de la Unión procese o descongele una iniciativa, ni tampoco existe un instrumento jurídico con el cual se le pueda exigir a los miembros del Poder Legislativo el desarrollar el derecho adjetivo de alguna disposición constitucional (vg. sobre el Estatuto de las minorías étnicas, artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Por lo anterior, es clara la existencia de una crisis política y social, que tiene cuatro aspectos primordiales, según Nicolas Tenzer. En primer lugar se encuentra el estrechamiento del ámbito político, ya que no hay continuidad con los proyectos políticos; un segundo, es que hay el sentimiento de inutilidad de la política, donde el ciudadano combate a la política mediante mecanismos como la abstención o apatía. Un tercero, es que hay una desaparición del sentimiento de comunidad y del sentido común. Por último, es que la relación entre la política y sociedad está en conflicto, por lo que hay un distanciamiento evidente, entre los gobernantes y los gobernados.

Para dar frente a los problemas mencionados, se necesita que las fuerzas políticas establezcan consensos, para que así exista continuidad en los proyectos políticos. Se debe incrementar el nivel de la cultura política y las prácticas ciudadanas, se debe buscar la reciprocidad, con el fin de incrementar el capital social necesario para la prosperidad económica y la gobernabilidad democrática. Incrementar la credibilidad política, mediante el fortalecimiento de redes sociales, la educación cívica y la reconstrucción de la política a través de la ética, para que existan condiciones de acercamiento entre los ciudadanos y los gobernantes, y por último llevar a cabo una reforma integral, para el cambio en las instituciones políticas y jurídicas.


El autor es Licenciado en Administración Pública por la Universidad de Colima. Cuenta con estudios en Ciencia Política por la Universidad de Brandon y es Consultor en Derechos Humanos. Actualmente estudia Derecho en el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Comentarios: juliantf@canada.com

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