Tuesday, August 16, 2005

Chile, un país dedicado a su educación

Por Nizaleb Corzo.

“Los latinoamericanos seguimos existiendo, aumentamos en número y mantenemos la esperanza, esa que nos permite replantear nuestro camino cada cierto número de años.”
Gabriel García Márquez


Ricardo Lagos, presidente de Chile, sostiene que durante el siglo XX, junto al desenvolvimiento del Estado democrático y social de derecho, la ciudadanía se fue extendiendo por encima de barreras sociales, étnicas y de género, en el mundo y en América Latina. Menciona también que “se extendió el reconocimiento de los derechos y deberes que esa condición involucra: ya no sólo derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales, derechos culturales y medioambientales. “

De acuerdo con el mandatario más popular en la historia del gobierno chileno, ese reconocimiento de los derechos de la ciudadanía exige la intervención del Estado en la vida económica y social con el propósito de procurar a todas las personas las prestaciones y servicios que requieren para la satisfacción de sus necesidades básicas.

Desde hace más de diez años, el gobierno central de Chile estableció como prioridad la educación. Desde los años 90 se observa en los discursos oficiales una clara conciencia acerca de la educación y la capacitación, como los instrumentos más eficaces para contribuir tanto al crecimiento económico como al desarrollo social.

La Reforma Educacional chilena toma sentido desde 1990, cuando los programas de mejoramiento educacional se comienzan a desarrollar, contemplando desde el nivel preescolar hasta el nivel medio. En el año de 1991, el Congreso de Chile decretó el Estatuto Docente, dictado por el propio Ricardo Lagos cuando era Ministro de Educación, con el presidente Patricio Aylwin. Ese documento “declara la inmovilidad del profesor en el cargo, quien sólo puede ser despedido a través de un sumario”.

En 1996 se concreta el inicio de esa reforma, a través de dos acciones principales: la reforma curricular y la extensión horaria de la jornada escolar; con la cual se pretende dar mayor efectividad a las políticas educacionales existentes. Tal reforma propone que un mejor nivel de educación de la población más desposeída facilitaría el camino hacia la consecución de una mayor igualdad de oportunidades; aumentando con ello sus posibilidades de inserción laboral y superar la pobreza.

La reforma curricular, o Renovación Curricular establece que los establecimientos educacionales pueden diseñar sus propios planes y programas de estudios o bien, adscribirse a los que propone el propio Ministerio de Educación. Lo que puede verse como un principio reformista básico, desde su concepción liberal, toda vez que el gobierno establece la plataforma requerida de acuerdo a los principios pedagógicos fundamentales, sin embargo, son las bases sociales desde el aula quienes establecen los satisfactores educaciones secundarios y la orientación de sus propios programas.

Al respecto, el equipo nacional de evaluación educativa del gobierno de Chile, en su informe al Foro Mundial sobre la educación del año 2000, menciona lo siguiente:

“Así, de las nuevas formas de producción, comunicación y organización de la sociedad, surgen demandas formativas al sistema escolar que apuntan a superar el paradigma del enciclopedismo y de la memorización y se propone el logro en los estudiantes de mayores capacidades de abstracción y elaboración de conocimientos; pensar en sistemas; experimentar y aprender a aprender; comunicarse y trabajar colaborativamente; resolución de problemas; manejo de la incertidumbre y adaptación al cambio.”


Por su parte, la Jornada Escolar Completa, cuyo inicio operativo se dio en 1997, estableció que la atención de dos grupos en una jornada escolar se realizaría a un solo grupo en horario completo, mañana y tarde. A decir del Ministerio de Educación chileno, el fundamento de esta medida radica en el reconocimiento del tiempo como un factor que afecta positivamente al aprendizaje y como un elemento necesario para potenciar el trabajo técnico de los docentes y la gestión de cada establecimiento. Asimismo, existe una estrecha vinculación entre la Jornada Escolar Completa y la equidad, no sólo en cuanto a privilegiar el ingreso al nuevo régimen de jornada escolar a establecimientos educacionales que atienden población escolar de alto riesgo social y educativo, sino también como una acción que iguala las oportunidades de aprender al aumentar de manera significativa el tiempo de trabajo escolar a todos los estudiantes y no a un sector minoritario como había sido hasta ahora. Adicionalmente, el mayor tiempo escolar posibilita la atención diferenciada de los estudiantes -lo que permite mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, enriqueciendo con ello la experiencia y convivencia escolar- que es otro contenido de la equidad en educación.

Para diciembre de 2004, el 89 por ciento de los liceos y escuelas chilenas se encontraban incorporados, o en proceso de incorporación a este programa.

Muchos son los programas que se han puesto en marcha en materia educativa en ese país. Cabe destacar algunos de los logros alcanzados:

- Para el año 2003, 687 mil alumnos en mil 509 establecimientos de regiones en condiciones de pobreza contaban con el programa P-900, destinado a zonas rurales, el programa inicialmente atendía a 295 mil niños en 909 escuelas.

- En mayo de 2003, el Congreso de Chile aprobó la ley que establece que son 12 los años de escolaridad gratuita y obligatoria y por tanto, la legislación obliga al Estado a generar las condiciones para lograrlo, para ello se crearon una serie de acciones que permitan asegurar su cumplimiento, como el programa Liceo para Todos, que busca retener a los estudiantes más vulnerables en el sistema escolar y contribuir a su permanencia en la enseñanza media.

Por último, la reforma educativa también busca en la población el acceso a tecnologías y otros idiomas, para ubicar al alumno en el estado del arte científico esencial que le permita desarrollarse competitivamente.

En materia de financiamiento público, el gobierno ha incrementado paulatinamente el nivel de gasto en este rubro. Para 1997, el nivel de gasto en educación creció 112 por ciento con respecto a 1990, representando en este último un 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto, tan sólo en 1995 alcanzaba un 2.9 por ciento.

De acuerdo al informe del Departamento de Estudios y Desarrollo del Ministerio de Educación de Chile, el gasto total en educación relación al PIB es de 7.5 por ciento para el año 2004, índice que se encuentra por encima del promedio de los países de la OCDE, que muestran un valor de 6.2 por ciento en este indicador. Esto refleja el interés e importancia de la inversión en educación en Chile. Lo mismo ocurre en Argentina (6.2), Malasia (7.2) y Paraguay (6.6). Como referencia, en México se destina el 5.9 por cierto del PIB.

Un programa ejemplar

En congruencia con la política educativa, el gobierno de Chile en el presente año promulgó la Ley de Financiamiento de Estudios Superiores, que entrará en vigor a partir del año 2006. Por primera ocasión se apoya a jóvenes para financiar sus estudios de educación superior. El programa está dirigido a “alumnos de méritos académicos, provenientes de familias modestas, que se encuentren matriculados en instituciones de educación superior autónomas y acreditadas.” Este apoyo se extiende también a estudiantes de universidades privadas, institutos profesionales, centros de formación técnica y escuelas matrices de las Fuerzas Armadas.

Las características del programa son las siguientes:

- Para recibir crédito con aval del Estado, los estudiantes deben estar matriculados en instituciones de educación superior autónomas y acreditadas.

- Está dirigido a alumnos chilenos o extranjeros con residencia definitiva.

- Los beneficiarios deberán estar cursando estudios de pregrado.

- Su situación socioeconómica familiar debe justificar un crédito.

- Los alumnos beneficiarios deben haber mostrado mérito académico suficiente para ingresar a la institución y mantenerlo en la carrera.

- Los estudiantes pueden obtener hasta el 100% de crédito o el porcentaje que necesiten para financiar su carrera, dependiendo de su nivel socioeconómico.

- El beneficiario comenzará a liquidar su crédito 18 meses posteriores a su graduación.

- Este financiamiento es a través de bancos, instituciones financieras, administradoras de fondos mutuos, compañías de seguros de vida y cajas de compensación y el gobierno participa en este caso como aval.

Analizando este programa podemos definir la potencialidad del mismo. Bajo un esquema de política pública con un enfoque social, cumple con los requisitos indispensables como los que dicta el economista Amartya Sen: alcance, amplitud y apropiación.

En Chile actualmente cursan estudios superiores alrededor de 595,000 estudiantes, el 60 por ciento están matriculados en instituciones privadas. Éstos son los principales beneficiarios del apoyo, toda vez que no han recibido ayuda para financiar sus estudios. Esta cuestión hace lógica con el sentido de amplitud, la población objetivo está localizada, por tanto el ámbito de impacto de esta política también está definido.

También comprende el sentido de amplitud, toda vez que esta política fue diseñada para cubrir ineficiencias de otros programas, en este caso el de la educación superior a cargo del Estado -246,000 estudiantes que estudian en universidades tradicionales del gobierno de Chile cuentan con su propio sistema de crédito-. Lo que se busca es incentivar a la juventud a continuar preparándose para superar las desigualdades económicas y sociales.

En el caso de apropiación, que responde a la pregunta de ¿quiénes apuestan por el camino elegido?, puede decirse que los primeros que están de acuerdo en montar este sistema son los representantes del gobierno federal chileno. Por lo reciente de su instrumentación quedaría pendiente de calcular el nivel de cohesión social que alcance este programa, visión que seguramente aprovecharon los estudiosos de la educación en Chile para montar este programa. Lo que sí dejan claro es que otros programas privados de este tipo son más costosos, con requisitos adicionales que difícilmente quedan al alcance de los más necesitados.

Esta nueva ley de financiamiento obedece también a la naturaleza del modelo de política educativa adoptado por el gobierno de ese país, que se caracteriza por ser gradual, incremental y producido desde la base del sistema.

Estas leyes que podrían considerarse de segunda generación también buscan ampliar el impacto de sus beneficiarios, tal como se planteaba al inicio del texto, como una política más que busca erradicar las condiciones de pobreza del territorio chileno.

Quiero concluir este trabajo elogiando la labor del presidente Lagos, quien en su último año de mandato goza de un amplio margen de popularidad, 60 por ciento según la última encuesta publicada en el diario Mercurio, de corte liberal. Lagos, de tendencia socialista, ha sabido combinar los mandatos neoliberales dictados por el Consenso de Washington en materia de austeridad fiscal y reducción del Estado, con medidas populares –en el término social- en beneficio de la población más necesitada.

Se destacan en este gobierno las políticas de salud y de educación. Lo relevante de estas últimas es la continuación de los programas promovidos por el mismo Lagos desde su paso por el ministerio de Educación. Parece ser que siguen evolucionando, aunque el propio gobierno reconoce lo mucho que falta por hacer.

Chile puede ser considerado un ejemplo de nación en verdadero desarrollo, con políticas sociales efectivas y con impacto a nivel macroeconómico. Las condiciones de Chile las podríamos igualar a las de España por su pasado autoritario y una apuesta nacional posterior, muestra de la importancia de los acuerdos nacionales. Es de destacarse también la transparencia y la oportunidad de la información del gobierno chileno.

Si las políticas sociales, como lo indica la maestra Montagut, es aquella política dirigida al desarrollo y dirección de servicios específicos del Estado, la política de educación chilena responde oportunamente a las necesidades de la comunidad con impacto directo en el bienestar.

Con estos programas ejemplares, ¿qué esperamos en México para incentivar políticas educativas fértiles que promuevan el desarrollo humano y por ende el desarrollo nacional? La apuesta debe ser de todos: gobierno, iniciativa privada y ciudadanía. Sólo basta revisar el último informe Sobre Desarrollo Humano México 2004, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para darnos cuenta de la inequidad de nuestras políticas públicas. Busquemos un país más educado y menos analfabeta, que acerque a nuestros ciudadanos a niveles más prósperos.



El autor es financiero; actualmente trabaja en aspectos sociales de Petróleos Mexicanos y estudia la maestría en Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey , Campus Ciudad de México. Comentarios:
ncorzozepeda@yahoo.com.mx


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